Las Cámaras empresariales ratificaron ayer su oposición a la reforma de la Ordenanza Tarifaria (Nº 4401/06) y del Código Fiscal Tarifario (Ordenanza Nº 2421/93). Mientras que la administración del intendente Carlos Mauricio Espínola reiteró sus intenciones de actualización de los valores de las tasas comunales que están congeladas desde el 2006. El debate por la suba de los precios de impuestos en el Concejo Deliberante arrancará el próximo jueves 10, pero la polémica se adelantó y se está profundizando.

El municipio busca un aumento de entre el 30% y el 60% de los cargos fijos de algunas cargas impositivas, con el argumento de contrarrestar la inflación acumulada de los últimos cuatro años.

El proyecto plantea además modificar la estructura de algunas tasas, como la de Seguridad, Inspección e Higiene, para que pase a tener un valor móvil que será calculado sobre el total de las ventas de los comercios. Éste es el punto de mayor discordia.

Actualmente esta carga tributaria tiene un monto fijo que se calcula por la cantidad de metros cuadrados que tenga un negocio -se aplica sobre la superficie de un local-. El Ejecutivo propone ahora que la tasa de Seguridad, Inspección e Higiene cambie su estructura; para que su monto se calcule sobre un porcentaje de las ventas de los negocios: el 0,3% sobre 1.000. Por ejemplo: por cada $100 de venta, un comercio deberá pagar $0,30 centavos por esa tasa.

Los asociados de Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) y la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) se reunieron ayer por la noche para tratar el tema. Cuestionaron el proyecto de actualización de la Tarifaria y se llamaron a resistir -lo que ellos llaman- el “tarifazo” (ver abajo).

Los privados aseguran que el municipio capitalino pretende crear “un nuevo impuesto”, para el que no tiene facultad constitucional. Además que los incrementos impositivos serán trasladados al precio final de los productos que venden; lo que hará caer las ventas, se generarán menos puestos de trabajo y aumentarán las contrataciones en negro de empleados.

La actualización de la Tarifaria -junto a otros dos temas- será remitido por el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante recién la semana que viene, cuando el próximo jueves 10 a las 18 inicien las sesiones Extraordinarias.

Por tratarse de un tema complejo, la Carta Orgánica municipal establece un tratamiento especial de doble lectura del proyecto. Entre la primera y la segunda lectura deberá existir un plazo no menor a 30 días corridos. En ese periodo el Concejo le deberá dar una amplia difusión al proyecto, llamar a una audiencia pública para que los ediles escuchen el parecer de los vecinos.

Para que sea aprobado, además del proceso anterior, el proyecto deberá obtener el voto favorable de los dos tercios del total de los miembros del cuerpo. Es decir la aprobación de 10 concejales, sobre un total de 15 ediles.

Las cámaras empresariales tendrán la oportunidad de exponer sus rechazos al proyecto durante la audiencia pública -que no es vinculante-. Pero además, por la polémica desatada, los funcionarios municipales ya adelantaron que están dispuestos a reunirse con los privados para discutir la iniciativa. “Estamos dispuestos a recibir a los sectores comerciales para debatir el proyecto. Tenemos las puertas de la Secretaría abierta”, dijo a época el Secretario de Economía, Lucas Ferrero.