En el marco del debate parlamentario por la actualización de los valores, la modificación de la estructura de algunas tasas y la mejor redistribución de las cargas impositivas en la Capital correntina; funcionarios de las carteras de Economía y Rentas de la municipalidad de Posadas (Misiones) y de Paraná (Entre Ríos) estuvieron ayer la Capital correntina.

Llegaron como invitados por la administración del Intendente Carlos Mauricio “Camau” Espínola, y expusieron ante el Concejo Deliberante sus experiencias de más de 40 años en la aplicación de la “movilidad” en el precio de la tasa de Seguridad-Inspección-Higiene o “tasa comercial” como se la conoce.

En su proyecto de modificación de la Tabla Tarifaria y del Código Fiscal Tarifario, Capital está proponiendo una alícuota general del tres por mil (0,3%) sobre los Ingresos Brutos, sobre la facturación mensual de los negocios. Este punto en particular desató una polémica con los empresarios, que critican y rechazan este ítem.

Los privados dicen que el municipio pretende crear “un nuevo impuesto”, para el cual carece de facultad constitucional, por lo que rechazan y amenazan con ir a la Justicia para que declare la “inconstitucionalidad” en el caso de que el Concejo Deliberante apruebe la iniciativa económica.

El subdirector de la Agencia Fiscal, Leandro Thea, y el director de Asuntos Legales de dicha agencia, Laureano Ríos, del municipio de Paraná; y el director de Rentas, Martín Celestino, y su asesor legal Hugo Romero del municipio de Posadas disertaron ayer ante los concejales correntinos y luego dieron una conferencia de prensa.

Acompañados por el Secretario de Economía de Capital, Lucas Ferrero; los funcionarios del municipio de Entre Ríos y de Misiones expusieron la metodología de aplicación del “precio móvil” para la tasa de Seguridad e Higiene; los resultados que esto genera en recaudación comunal y en la mejor distribución de las cargas impositivas en éstas ciudades.

El director de Rentas de Posadas, Martín Celestino, comentó que en esa ciudad se aplica “una alícuota general del ocho por mil (0,8%) sobre los Ingresos Brutos desde hace más de 30 años‘. Esa es alícuota más baja, y luego sube de acuerdo algunos rubros de mayor capacidad contributiva: las cadenas de supermercados e hipermercados (15 por mil), bancos, entidades financieras, casinos (37 por mil), entre otros. También que esta carga impositiva hoy representa “el 65% de la totalidad de la recaudación propia mensual”, lo que grafica su importancia en la estrctura financiera comunal.

Celestino comentó “más del 75% de los municipios del país lo aplican”, y que en Posadas no tuvieron inconvenientes con los empresarios. “La legalidad o constitucionalidad de ésta forma de cálculo está zanjada desde 1959”, dijo. Y también que “ningún municipio en el país -que lo haya aplicado- tuvo que retrotraerse por alguna decisión judicial”, señaló el funcionario posadeño ayer a época.

Leandro Thea, del municipio de Paraná, comentaron que desde el 1970 esa Comuna aplica alícuota sobre las ventas; que actualmente existe una “general del 12 por mil (1,2%) sobre los Ingresos Brutos”; más otros porcentajes más altos para actividades comerciales de mayor nivel de facturación. También que la movilidad de la tasa de Seguridad e Higiene “representa poco más del 60% de la recaudación propia mensual”, dijo a a época.

“Esta metodología tiene el objetivo de proteger al pequeño contribuyente. No se puede poner en igualdad de condiciones contributivas a un comercio de barrio, que a un hipermercado o un casino. Con la filosofía de el que más tiene, más paga”, agregó y Laureano Ríos, también del municipio entrerriano

Agregó que la movilidad de esta tasa “persigue el principio de equidad el igualdad tributaria entre los diferentes comercios”; además de darle a los municipios “mayor independencia económica, y no depender tanto de la Coparticipación nacional”.

Hace unos días la FECORR propuso cambiar el proyecto de “movilidad” de la tasa comercial, por un aumento del 200% en el monto y que se mantenga la actual estructura fija de esta carga. Lucas Ferrero rechazó ayer esta contraoferta, porque considera que “perjudicará a los comercios más chicos” y no responde a la filosofía “de una redistribución más justa y equitativa” de los impuestos.