Si el recurso de la fiscalía no prospera y la infanta sigue imputada, el encargado de defenderla será uno de los padres de la Constitución española, el expolítico catalán y abogado Miquel Roca, según confirmó él mismo en Barcelona.

El diario "La Vanguardia" aseguró que fue el rey Juan Carlos quien le pidió personalmente que lo haga, si bien el propio Roca manifestó a la edición on-line del diario "El Mundo" que fue la propia hija del monarca quien lo llamó para hacerle el encargo.

En contra de lo que el magistrado sostiene en el auto en el que el miércoles imputó a la infanta Cristina, de 47 años, el fiscal asegura que "no existe absolutamente ningún indicio incriminatorio" contra la infanta.

El juez la considera sospechosa de haber sido cómplice y cooperadora necesaria en los delitos cometidos por Urdangarin y el exsocio de este, Diego Torres, a través del Instituto Nóos, una organización mediante la cual se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público.

El fiscal, sin embargo, considera "discriminatoria" la imputación con las pruebas existentes y recuerda que el juez Castro rechazó antes en dos ocasiones dar ese paso. Se basa "esencialmente en los mismos hechos que fueron desestimados hace un año por inconsistentes y débiles", señala el fiscal Pedro Horrach.

La infanta Cristina se convirtió el miércoles en el primer miembro de la familia real española en ser investigado en un proceso penal, un caso único en una monarquía europea reinante.

La imputación de la hija mediana de los reyes Juan Carlos y Sofía supone un duro golpe para una institución que ya se tambaleaba tras los escándalos que le han hecho perder imagen y prestigio en el último año y medio.

En un intento de atajar esa crisis, la casa real ha pedido al gobierno de Mariano Rajoy que incluya a la Corona en la Ley de Transparencia que tramita el Parlamento español. Según se supo, el Ejecutivo y la Casa del Rey negocian el asunto desde hace dos meses. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo desligó de la imputación de la infanta.

La futura ley tiene entre sus objetivos la regulación del acceso de los ciudadanos a la información de las administraciones públicas, en temas por ejemplo como en qué gastos incurren. Pretende además fijar principios que acarreen sanciones en caso de infracción por parte de miembros del gobierno y otros cargos públicos.

La inclusión en ella de la Corona, sin embargo, no será plena, porque según apuntó la vicepresidenta, no se trata de una administración pública.

La oposición española llevaba tiempo pidiendo la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia. Sin embargo, hasta ahora, la posición oficial del gobierno era que no se iba a hacer. El propio Rajoy aseguró el jueves en rueda de prensa que el Ejecutivo no tenía "previsto" tomar ninguna medida para mejorar la imagen de la Corona.