El Superior Tribunal de Justicia calificó de inadmisible el recurso de casación en el que se cuestionaba la decisión del Tribunal de Juicio que no hizo lugar a la excarcelación de José Alberto Franco, César Alberto González y Rubén Adrián Fernández que elevó el abogado defensor de los tres agentes del servicio penitenciario que fueron sentenciados a 9 años de prisión, por ser considerados coautores penalmente responsables del delito de torturas.

“La gravedad del hecho imputado y el deber del Estado de garantizar el cumplimiento del fallo; la existencia de una causa en trámite, en la que distintos reclusos que declararon durante el juicio atribuyeron a los agentes condenados otras conductas análogas a las investigadas en autos; el expreso pedido del agente fiscal interviniente de detener a los imputados”, fueron los motivos para no hacer lugar al pedido.

Luego, al estudiar los antecedentes del caso, los ministros Sagastume y Muchnik consideraron inadmisible el recurso y entendieron que el Tribunal no quebranta garantía constitucional alguna de los condenados, y se ajusta a “las pautas objetivas fijadas por el legislador local para la procedencia de la prisión preventiva”.

A fines de 2008 el recluso José Carmelo Castro Moya había denunciado a integrantes del servicio penitenciario por haberlo sometido a apremios ilegales durante una requisa realizada en la unidad de detención de Río Grande. Un año después, el convicto falleció en condiciones poco claras.