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CRISTIAN CARRILLO

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la semana pasada que su cartera tiene en estudio una reforma impositiva que incluye “dividir el IVA”, medida con la cual la Nación cobraría una parte del impuesto (entre 9 y 10 por ciento) y el resto quedaría en manos de lo que defina cada provincia. El funcionario publicitó la medida como una forma de generar “competencia fiscal” entre las provincias, que incluirá también lo que ocurra con Ingresos Brutos. La lógica oficial es que las provincias que cobren las alícuotas más bajas serán las que se beneficiarán por la radicación de empresas que buscan una ventaja fiscal. Sin embargo, lo único que generará, tal como adelantó este medio, es profundizar el desfinanciamiento de las provincias y el desequilibrio de ingresos que, hasta el momento, la coparticipación ayuda a morigerar.

Tras los bestiales recortes de recursos de la administración libertaria sobre las provincias, ahora llega el “super IVA”, una forma más de profundizar los problemas de estas jurisdicciones. El IVA es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el territorio, incluida la mayoría de las transacciones comerciales, con una alícuota general del 21 por ciento. Lo recaudado se coparticipa entre Nación (47 por ciento) y las provincias y CABA (53 por ciento). Si se aplica el 47 por ciento sobre el 21 por ciento de IVA, aparece ese 9-10 que seguirá cobrando Nación. En realidad es un 9,87 por ciento. La medida busca descomponer la alícuota de manera que cada parte reciba ingresos en función de la tasa que cada una establezca, eliminando el criterio actual de coparticipación del tributo.

En caso de que las provincias quieran mantener el actual volumen de ingresos y teniendo en cuenta su nivel de consumo interno, hay jurisdicciones donde el IVA (entre Nación y Provincia) podría superar el 80 por ciento. Es precisamente en aquellas provincias donde el consumo es menor que en el promedio. De hecho, el carácter coparticipable salva esta situación. Jurisdicciones de alto nivel de consumo, como Ciudad y Provincia de Buenos Aires recaudan más a nivel nacional y una parte importante es distribuida en otras con menores niveles de consumo. 

Un país menos federal

El impuesto es recaudado por Nación mediante ARCA y luego es distribuido a través de la coparticipación nacional de impuestos a distintos organismos nacionales y a las provincias y CABA. Es decir, luego de la detracción del 1,9 por ciento de la recaudación del tributo por parte de ARCA (mediante el mecanismo de autarquía que financia al organismo), el 89 por ciento de la recaudación restante se distribuye mediante el mecanismo de la coparticipación federal de impuestos y el 11 por ciento restante se distribuye en un 93,7 por ciento a la ANSES y el 6,3 por ciento restante a las cajas de previsión provinciales. El 52 por ciento de la recaudación de IVA termina yendo a las provincias y CABA, un 0,9 por ciento al fondo de Aportes del Tesoro Nacional y el 47 por ciento restante al Tesoro Nacional, ARCA y ANSES.

Un documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analiza cuánto aportan y cuánto reciben de IVA las provincias se puede analizar la potencial suba de la alícuota que podrían llegar a aplicar. Para el cálculo también se necesita conocer el nivel de consumo de cada jurisdicción, por lo que se presenta una aproximación de la distribución del consumo entre las 24 jurisdicciones basada en información de CEPAL y de la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares del INDEC. Con la división del IVA propuesta por Milei entre Nación y provincias, quedaría eliminada la coparticipación actual del tributo, y cada jurisdicción obtendría ingresos de acuerdo con su consumo, es decir, el esquema pasaría de redistributivo a devolutivo, en caso de seguir existiendo la coparticipación.

De las 24 jurisdicciones, sólo en seis los ingresos por la aplicación de un IVA provincial del 11 por ciento aumentan respecto a la situación actual. Estas jurisdicciones son CABA, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe. Por otro lado, las 18 jurisdicciones restantes tendrían una pérdida de ingresos respecto a la situación actual. Las tres jurisdicciones con mayor pérdida serían Catamarca, Formosa y La Rioja. Es precisamente en estas provincias en que el consumo ya es bajo respecto al promedio, donde se registrarían los mayores aumentos de precios por el traslado en el precio de la mayor alícuota de IVA. 

Los resultados

El primer grupo estaría compuesto por CABA y Buenos Aires, con incrementos en sus ingresos totales del 23,4 y 18,7 por ciento, respectivamente. El segundo grupo incluye a las jurisdicciones que registrarían una leve mejora: Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe. El tercer grupo abarca a las provincias que tendrían una pérdida promedio del 6 por ciento en sus ingresos totales: Mendoza y Santa Cruz. El cuarto grupo comprende a aquellas que registrarían una caída promedio del 15 por ciento: Corrientes, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Misiones. El quinto grupo, integrado por San Luis y Jujuy, tendría una reducción promedio del 21 por ciento.

El sexto grupo, conformado por Chaco y San Juan, enfrentaría una disminución promedio del 28 por ciento. Finalmente, el séptimo grupo incluye a las provincias más afectadas: Catamarca, La Rioja y Formosa, con una pérdida promedio del 35 por ciento en sus ingresos totales.

“La sumatoria de la alícuota nacional y provincial de IVA sería inferior al 21 por ciento en seis jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Neuquén. Por otro lado, las 18 jurisdicciones restantes tendrían una alícuota de IVA provincial superior al 11 por ciento, para compensar la pérdida de envíos coparticipables. De estas 18 jurisdicciones, las tres con mayor alícuota provincial son Catamarca, Formosa y La Rioja. Según este ejercicio, la sumatoria de la alícuota nacional y provincial en estas jurisdicciones sería de 81,4 por ciento, 56,5 por ciento y 52,9 por ciento, respectivamente, algo imposible de implementar en la práctica”, señala el documento del IARAF.