De esta forma, la Defensoría fijó posición ante la represión de la Metropolitana durante la manifestación pacífica en contra del cierre de los talleres protegidos en el predio del Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Borda.

Además, fijó un plazo de 15 días para que Montenegro le informe sobre los policías que participaron del operativo, sus horarios de trabajo y las armas que portaban el viernes 26 de abril último.

Encomendó que se "dispongan las medidas necesarias" para iniciar "sin dilación un procedimiento destinado a esclarecer los hechos y evaluar el desempeño de los efectivos de la Policía Metropolitana que participaron del operativo".

También la Defensoría le pide a Montenegro un "informe circunstanciado de los hechos denunciados" y que remita la "nómina del personal interviniente en el operativo, con detalle de la hora en que cada uno intervino, de la dependencia interna a la que se encuentra asignado y la descripción del armamento y munición con que fue destinado".

De igual forma, recomendó a la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, que disponga "urgentes medidas" para evaluar las secuelas de la "violencia en los usuarios del servicio de salud mental" y para que se "dé adecuado tratamiento frente a su afectación".