La CGT se reúne y el Ejecutivo comienza el operativo presión con las causas judiciales y las promesas de fondos, para que el gremio liderado por el Camionero acepte el 18% de incremento en los sueldos del 2011. Por otro lado, se le ofrecería administrar los fondos sindicales.
La estrategia del gobierno nacional para limitar el poder de Hugo Moyano vuelve a rondar los pasillos de Olivos, ante una nueva discusión por los salarios de los trabajadores.
La CGT se reúne para analizar la agenda y limar los puntos de la negociación, por eso el Ejecutivo pretende meter la cuña para frenar las intenciones del Camionero, siempre con aspiraciones de más.
El plan para “techar” las demandas sindicales ya estaría en marcha, indicándole al presidente del PJ bonaerense el camino que debe seguir: aceptar el 18% de aumento salarial, a lo sumo un 20%.
La imposición de este tope funciona como mecanismo para contener además los precios ya disparados, siendo el 2010 el año de mayor inflación de los últimos ocho.
Esta medida del gobierno K para convencer a Hugo Moyano, es también un guiño a los empresarios, más precisamente a la UIA, aunque esto se desestime a rabiar por parte de los altos mandos. Cómo será de efectivo el mensaje, que se pretende subir una cifra más baja que el 25% planteado por los industriales.
Por un lado, la presión viene por el lado de las causas judiciales. El sindicalista está siendo investigado por el juez federal Bonadío, en el marco de un proceso por la falsificación de troqueles en la obra social de camioneros, una cuestión que lleva de cerca el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
También está la instrucción legal por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, en la que se investigan las conexiones con el gremio de los ferroviarios.
Por otro lado, la sugestión se completaría negociando con algo que le sirva al gremialismo. Es decir, se estaría evaluando la posibilidad de entregarle al moyanismo la administración de fondos para las obras sociales sindicales.
Este claro “toma y dame”, cerraría el armado político para que el gobierno haga digeribles a las partes involucradas el pacto social.
Los funcionarios encargados de las negociaciones serán el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Trabajo, Carlos Tomada. Ambos trabajan sobre el acuerdo, pero en él no se haría referencia alguna al proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales que reclama la CGT.
La apuesta consiste, entonces, en convencer a la CGT de aceptar el compromiso para el año que viene, enviando con esto un mensaje a los intendentes del Conurbano, siempre afectados por la presencia del Camionero en tierras bonaerenses.
Este coto a las aspiraciones salariales, les evitaría a los Caciques tener que pulsear directamente con el sindicalismo tener que sostener mayores reclamos, cortes o paros.
Esta maniobra gubernamental apunta a mantener cerca a los jefes comunales, vitales piezas también de cara a 2011, para encolumnarse tras el proceso oficial y acarrear los votos tan necesarios de los distritos.




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