La entidad cuestionada está manejada por Aldo Bafundo, que a su vez es secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores del sector.

Los gremios están impedidos legalmente de recibir subsidios y una de las sospechas es que en realidad la Asociación sirve como sello habilitado para destinar dineros que de hecho manejan los mismos dirigentes gremiales.

De acuerdo con la denuncia, en dos años los subsidios recibidos por la ADEL rondan nada menos que los 400.000 pesos: se trata de aportes que no distinguen colores políticos, ya que legisladores de distintos bloques figuran entre los otorgantes. Es especialmente notable, también, que ADEL cuenta con la banca de la Presidencia de la Legislatura, a cargo de Norma Durango.

Aunque hay una investigación formal en la FIA (una denuncia presentada el 17 de noviembre del año pasado), el Tribunal de Cuentas ha preferido no expedirse, lo cual es un dato curioso porque en los últimos tiempos el organismo a cargo de José Sappa -quien no está designado como presidente del Tribunal porque necesita del voto legislativo que apruebe su pliego- ha difundido el caso de numerosas anomalías en otras entidades que no rinden en tiempo y forma los subsidios que reciben.

Repartija de dinero

La rendición de las asociaciones, cuando reciben estos subsidios que provienen de organismos del Estado, tiene que hacerse de manera cuatrimestral.

La Asociación de Empleados Legislativos se fundó en los años ’90. Tiene unos 140 socios. El anterior titular fue Carlos Silvestre, fallecido: durante 2010 la ADEL quedó acéfala. Bafundo copó la conducción a partir de 2011.

Hay meses, a partir de ese momento, en que los subsidios legislativos que percibe se multiplican hasta llegar a varias decenas de miles de pesos.

La documentación en la Fiscalía hace constar, por ejemplo, que en abril de 2011 la ADEL recibió subsidios por 65.250 pesos. A lo largo de ese año, la entidad percibió al menos 191.460 pesos (únicamente tomando en cuenta subsidios legislativos). Según la denuncia, hubo más subsidios por unos 175.000 pesos durante el año pasado.

La explicación que dieron las autoridades de ADEL, incluso públicamente, es que el dinero sirve para ser otorgado a modo de subsidios a los trabajadores legislativos que necesitan de esos recursos. Es decir: no se argumentan gastos de funcionamiento de la entidad, ni inversiones especiales, sino que se reconoce que se trata de un reparto de dinero entre algunos empleados.

En la documentación que está en Fiscalía, tras la denuncia presentada por el asociado Pedro Pablo Ramírez, aparecen los nombres de quienes perciben esos subsidios: la Fiscalía debe establecer si hay anomalías, ya que en algunos casos el gasto de esos dineros no aparece rendido.

Por otra parte, los denunciantes aseguran que se trata en todos los casos de una asistencia económica a “un grupito de no más de treinta personas”. Y aseveran que los subsidios a trabajadores realmente necesitados de aportes de ese tipo son una clara minoría. Entre los subsidiados se incluyen integrantes de las comisiones directivas de APEL y/o ADEL.

Los trabajadores de la Cámara de Diputados perciben, por su tarea, un “adicional legislativo” que les representa un plus en comparación con otros empleados del Estado. Tienen, desde ya, la obra social SEMPRE para la cobertura de las cuestiones de salud, que en la mayoría de los casos aparecen como justificación de la necesidad de un subsidio.