Es que, al llegar al anexo de la legislatura, intentó congraciarse con el diputado de Coalición Cívica Juan Carlos Morán, pero no tuvo éxito.

Fatala elogió la corbata azul y roja del legislador, pero Morán lo paró en seco: “Usted está acá como funcionario y yo, como diputado, Así que acá lo que hablamos es de asuntos institucionales”.

Prontamente, el funcionario comenzó a dar explicaciones sobre el escándalo que envuelve en estas horas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, despegando por completo al Gobierno. "La estafa es una estafa que está afuera del sistema. Es como si hubieran abierto una caja fuerte y se llevaron la plata. Estamos en una línea muy finita en la que se mezcla el financiamiento estatal con una estafa realizada por un tercero", dijo Fatala, utilizando a partir de ese momento erráticos eufemismos para hablar de lo ocurrido.

Hubiera sido oportuno que alguien le preguntara al funcionario si no cabía alguna responsabilidad al Ejecutivo nacional por ser quien tenía la llave y control de esa “caja fuerte” que tan poéticamente se encargó de describir.

"Los dineros que hemos aplicado en la construcción de las viviendas, a través de la Fundación, tienen un curso normal. Desde el punto de vista financiero, todo está bien", agregó luego.

¿Por qué Fatala habló del “curso” del dinero y no del “control” del mismo por parte del Estado? En realidad sí lo hizo, pero tangencialmente y escapando a toda responsabilidad posible: "Nosotros no tenemos trato directo con Madres, tratamos con las jurisdicciones", dijo.

¿No debía haberse pedido entonces puntuales explicaciones a las jurisdicciones —municipios y provincias—, al tratarse de fondos millonarios que se dieron en la mayoría de los casos por contratación directa y sin puja de precios?

Fatala tira la pelota afuera porque sabe que la subsecretaría a su cargo auditó menos del 30% de las obras adjudicadas a Madres. No se trata solo del control de lo hecho, sino también de la solvencia de las empresas constructoras que se utilizaron para trabajar: ¿Por qué se le dio dinero a una entidad que ostentaba veintenas de cheques rechazados y adeudaba impuestos de diversa índole al Estado Nacional?

Peor aún, ¿por qué los fondos para las viviendas fueron autorizados por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, cuando existe una Subsecretaría de la vivienda?

Esta última pregunta salió de boca del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien aprovechó el momento para denunciar que los gobiernos provinciales reciben menos dinero para viviendas que las organizaciones no gubernamentales.

De eso no habló Fatala, simplemente porque nadie se lo preguntó. Eso sí, no dudó en señalar a Sergio Schoklender como “empleado” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en un intento por disminuir su gravitación sobre las decisiones de Hebe de Bonafini.

No hace falta recordar que este último en realidad ha sido apoderado y mandatario de Madres, por lo cual ha actuado en la mayoría de los casos como representante de los capitostes de esa fundación. Al menos así lo define el Código Civil.

Los sospechosos de siempre

Mal que le pese al Gobierno, los problemas para Fatala y otros funcionarios del oficialismo no está dado por lo que han relatado las crónicas periodísticas ni por las acusaciones de la oposición, sino por la actuación de la propia Justicia Federal.

No hay una, sino dos causas judiciales que hoy investigan el eventual manejo irregular de los fondos públicos que administró la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Uno de esos expedientes está siendo impulsado por el fiscal federal Miguel Osorio, quien encontró elementos puntuales como para investigar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en los contratos referidos por Fatala.