El funcionario renovador ya había sido acusado en varias ocasiones por el diputado Héctor Bárbaro, pero solo mediáticamente, por su complicidad en el desmanejo de los

fondos del Fondo Especial del Tabaco, junto al Ministro del Agro Néstor Ortega.

Ahora la situación se planteó de manera más profunda. Esta vez en la Justicia. El diputado radical Gustavo González denunció ante la fiscalía de instrucción a Syniuk ante la sospecha de irregularidades en el manejo de estos fondos.

“La presentación se relaciona con la falta de informar debidamente sobre el manejo de estos fondos que son públicos… no son privados, son públicos”, destacó González.

Por su parte el diputado Héctor Bárbaro quien había solicitado a partir de la ley de acceso a la información pública, sobre cómo se habían manejado ciertos fondos desde el Ministerio del Agro con la aparente complicidad de Syniuk en estos actos, expresó: “Se hizo un pedido de informe sobre los productores que fueron beneficiados con el Seguro contra granizo… desde agosto del año pasado estos funcionarios (por Ortega y Syniuk) vienen dando vuelta, diciendo que el ministerio del agro no tiene responsabilidad, que eso es información del tribunal de cuentas… en fin, todos miran a otro lado, pero nadie da la cara por plata que se cobró, pero anda saber a dónde fue a parar”.

Según el legislador el año pasado no hubo contingencias climáticas graves, pero igualmente se hizo un listado de productores tabacaleros “trucho”, el cual dedujo, en

Seguro por Granizo, unos 3 millones de pesos. Y que de un total de 38 millones de pesos que envío Nación, y que tenían que ser destinados a productores, no llegaron más de 13. El resto del dinero se fue a la aseguradora. Contratada, según Bárbaro por Syniuk y Ortega.

Por su parte González fue consultado porque recién ahora la presentación ante la Justicia, a lo cual respondió: “hemos decidido que no seremos testigos pasivos de denuncias graves y hechos que ocurran dentro de la Cámara de Diputados. Tomamos conocimiento de algo que creo que reviste gravedad, porque involucra a funcionarios públicos de primer orden provincial”.