El Gobierno acordó con los representantes de las cadenas de supermercados extender por 60 días el congelamiento de precios. Los empresarios se comprometieron a mantener sin cambios hasta el 31 de mayo los precios que había el 1 de febrero en las góndolas.

Además, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, confirmó el lanzamiento de la controvertida tarjeta de crédito para comprar en los súper (Supercard) que será emitida por una sociedad conformada por las cadenas nacionales de supermercados y fondeadas con inversiones de las compañías de seguros.

De esta forma, pretenden competir con un “producto propio” a los plásticos bancarios. “La idea es constituir una sociedad con las principales cadenas nacionales y armar una tarjeta de crédito en réplica a las tarjetas propias de las cadenas”, dijo Juan Vasco Martínez, director de Asociación de Supermercadistas (ASU). Los supermercados formarán un fideicomiso con fondos que las aseguradoras tenían en el exterior y que el Gobierno obligó a repatriar.

Por otra parte, está previsto autorizar aumentos puntuales a las empresas fabricantes de alimentos y de otros productos de consumo masivo. Esos ajustes, según el acuerdo, deberán ser absorbidos por los supermercados a cambio de la reducción de los costos que a éstas les represente la emisión de su propia tarjeta de compras.

En este sentido, se estima que el congelamiento tendrá un impacto positivo en el bolsillo de los consumidores sólo si, efectivamente, las subas autorizadas a la industria no son trasladadas a las góndolas. En febrero, a pesar de estar vigente el congelamiento, los precios registraron una suba del 0,55% según el Indec .

La extensión del congelamiento de precios fue anunciada ayer por Vasco Martínez, al término de la reunión con el funcionario. El directivo señaló: “va a persistir durante dos meses más, hasta el 31 de mayo”. “Lo que sí -agregó- es que a partir de fines de abril van a empezar a otorgarse aumentos a la industria proveedora, que nosotros vamos a absorber y entendemos que para eso nos va a ayudar la operatoria de la tarjeta”, dijo.

Las dos medidas conocidas ayer para apuntalar el consumo, generaron reacciones dispares entre entidades que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, economistas, legisladores opositores y representantes de los consumidores y de los comerciantes.

Para los analistas económicos y referentes de la oposición, ambas medidas son un “intento desesperado” por “frenar” y “ocultar” la inflación en medio de las negociaciones paritarias, pero coinciden en que se necesitan medidas de índole monetaria y fiscal para luchar contra la suba de precios.

En cambio, entidades representativas de pymes y de los comerciantes avalaron ambas medidas y pidieron que la Supercard se extendiera a sus sectores.

Según el economista Ramiro Castiñeira, de Econométrica, “los acuerdos de precios funcionan al principio pero son difíciles de sostener en el tiempo”, y aseguró, que es necesario adoptar “medidas en materia monetaria y fiscal”, para combatir la inflación. Según el economista Jorge Todesca, “el congelamiento buscó balancear los significativos ajustes en los servicios privados y públicos y en los combustibles que determinaron tasas de inflación elevadas a fines de 2012.