El gobernador José Manuel de la Sota adelantó que analiza cambios en la ley jubilatoria provincial, aunque aseguró que “nunca tocará” el 82% móvil que la Caja de Jubilaciones paga a los jubilados, ni reducirá los haberes. Asimismo, indicó que no modificará el cálculo del haber inicial con los últimos cuatro años del salario activo.
Sabiendo del impacto que cualquier modificación en las jubilaciones del sector público tiene en los gremios de los trabajadores estatales, De la Sota dijo que se reunirá con sus dirigentes antes de avanzar en las modificaciones. «Estoy estudiando una medida para respetar 82%, las mejores jubilaciones, y los últimos cuatro años para el haber inicial. En pocos días le voy a hacer un planteo a los gremios con algunas medidas que vamos a proponer», indicó en diálogo con Cadena 3.
Ayer, los principales referentes aseguraron a LA MAÑANA que esperan esa convocatoria.
Off the record, los sindicalistas consultados indicaron que no aceptarán medidas que impliquen recortes a los jubilados, y pidieron medidas “alternativas”, como “blanquear” a todos los trabajadores tercerizados del Estado que no aportan a la Caja. Un sindicalista destacó que hace pocos días, antes de la reunión especial que se hizo en la Legislatura provincial, el jefe de Gabinete, Oscar González, le aseguró a los gremios que no habría cambios en el sistema jubilatorio.
En tanto, el legislador Sergio Busso, titular del bloque oficialista en la Legislatura, dijo que “si la Nación no envía los fondos, algunos cambios habrá que buscar” para equilibrar el déficit de la Caja, y dijo que “las alternativas son muchas”.
Fuentes gremiales y del Centro Cívico coincidieron en reconocer que no se conoce anteproyecto de una reforma jubilatoria, aunque varios de los consultados apuntaron al denominado «fallo Bossio», a través del cual el Tribunal Superior de Justicia abrió una puerta para el recálculo del 82% móvil (que avala el 82% del ingreso de bolsillo).
El mix de alternativas para salvar el déficit podría contemplar aumento de aportes de los trabajadores (aunque con el 18% ya está siete puntos arriba del 11% que descuenta Anses), al menos de manera provisoria. Quedaría descartado un aporte de los porcentajes patronales (27% aporta Epec, 25% el Bancor y 22 el resto de la administración pública) porque sería la misma plata para financiar el déficit. Tampoco el aumento de la edad jubilatoria parece ser una solución demasiado viable, porque ya está al límite.
Por el 15% de la coparticipación
De la Sota también deslizó que podría iniciar otra acción judicial contra la Nación para que Córdoba recupere el 15% de coparticipación que cedió en la década del 90 al Gobierno central, para financiar el sistema jubilatorio nacional. Ésta es la demanda que el senador Luis Juez y el diputado nacional Oscar Aguad exigieron al mandatario.
En relación al planteo presentado el lunes ante la Corte, aseguró que tiene “confianza” en la Justicia argentina, y se mostró optimista con que el máximo Tribunal convoque al diálogo de las partes.
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