Asediada por los reclamos desencontrados de choferes y propietarios, la Legislatura volvió al centro de la escena política. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones las medidas impulsadas por el Gobierno para mejorar la seguridad en los taxis. Pero en el debate, surgió un "alerta amarilla": la posibilidad de que el plazo de 180 días para que las unidades cuenten con los insumos tecnológicos de seguridad está condicionado por la política de importaciones implementada por el polémico Guillermo Moreno.

El llamado de atención lo dio el justicialista disidente Daniel Cassia para dar cuenta de las complicaciones en juego si no se cumple con el plazo para cumplir con la ley impulsada por el Gobierno provincial para mejorar la seguridad en taxis y remises. De acuerdo con lo aprobado esta tarde en Diputados, los propietarios cuentan con 180 días para incorporar cámaras de video, servicios de geolocalización y mampara de separación entre el chofer y los pasajeros. Se trata de una de las modificaciones respecto de la ley votada en el Senado.

Si los dueños no cumplen con esta obligatoriedad, la Secretaría de Transporte que dirige Diego Palau tiene la potestad de revocar la licencia y volverla a licitar.

Sin embargo, para Cassia la situación no es tan simple. El legislador, que es especialista en temas de seguridad, puso el dedo en la llaga en un tema puntual, que son las restricciones a las importaciones para insumos tecnológicos. Y que coloca a Guillermo Moreno en un lugar expectante para resolver un problema de inseguridad en las calles de Mendoza.

"Lo que puede atentar contra esta ley es la falta de insumos. Hay que ver si la Secretaría de Comercio va a dejar entrar esta tecnología", argumentó el justicialista disidente. Y recordó que el Gobierno provincial todavía espera artículos electrónicos para mejorar la seguridad en las unidades de troles.

"Hay que ver si se cumple con esto, porque no vaya a ser que se cumple el plazo y los propietarios no han podido incorporar toda la tecnología que se le exige por la ley. No por mala voluntad sino porque los insumos no ingresan al país", recalcó Cassia.

Las modificaciones

Pero para llegar a esta aprobación a mediados de la tarde, primero se sucedieron varias reuniones en la Casa de las Leyes. El debate estuvo condicionado desde primera hora de la mañana por el paro de los propietarios de taxis, a raíz de que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno provincial cuando se redactó el decreto enviado posteriormente por Pérez al recinto.

En estas reuniones fue clave el rol de mediador que tuvo el vicegobernador Carlos Ciurca. De viaje por China, Ciurca está a cargo de la gobernación, pero hoy le tocó pulsear de manera equilibrada con ambas partes en pugna tal como lo hacía cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Incluso, el vice acompaño -cuando la policía había dado la orden de que no subieran- a un grupo de manifestantes a las bandejas del recinto y siguió el debate de los diputados desde esa altura, tal como puede verse en la imagen inferior.

El decreto de Pérez dispone la obligatoriedad del uso de cámaras de filmación y de mamparas -llamados usualmente blíndex- para los taxis y remises, que separe al conductor del pasajero ubicado en la parte de atrás del vehículo. La medidas incluyen también sistemas de posicionamiento GPS y GPRS en todas las unidades. También propone que los choferes dejen de manejar dinero en efectivo y que se instale un sistema de cobro electrónico.

En lo concreto, los diputados modificaron el plazo de instalación de los sistemas de seguridad obligatorios que pasó de 60 a 180 días, una concesión a los dueños nucleados en Aprotam.

A su vez, se incluyó que la Secretaría de Transporte elabore en el término de 30 días una lista de vehículos que están aptos para la colocación de las mamparas de seguridad de alto impacto y se prohibirá la circulación de los coches que no estén en condiciones de instalarlas. Ante los incumplimientos a la norma, se revocará la licencia al propietario.

Para los propietarios, se trata de "parches"

La media sanción con modificaciones dejó contentos a los choferes agrupados en el sindicato y descontentos a los propietarios aglutinados en Aprotam, que consideran que la iniciativa no evitará los robos. "Se está haciendo un parche a un problema que no tiene solución, que es la delincuencia", manifestaron en discordancia con lo aprobado.

"Para nosotros es como una especie de burla, porque tenemos un artículo de que en 180 días tenemos que cambiar 1.500 autos. ¿De dónde sacamos 1.500 autos que estén adecuados?", se preguntó uno de los voceros de los dueños, en el Salón de los Pasos Perdidos, tras la aprobación en general de la norma.

Tal como quedó evidente a partir de la movilización, los propietarios están en contra de estas medidas, en primer lugar, porque no fueron consultados -cabe recordar que el paquete de condiciones se acordó entre Pérez y los choferes, cuando éstos protestaron el viernes pasado en Casa de Gobierno tras la muerte de José Ubaldo Moreira Acosta-. Y, en segunda instancia, se mostraron contrarios a instalar la mampara y adoptar el pago electrónico que evitaría que los choferes manejen efectivo.

"Todo esto está muy confuso y no estamos conforme con lo que se ha hecho. No nos oponemos a las medidas de seguridad, pero tampoco podemos permitir que las medidas se disfracen", subrayaron a continuación. De hecho, indicaron que los choferes no quieren tener ni los separadores blindex -"El separador los encajona, y a ellos les genera una fobia adentro del auto", argumentaron- y ni el sistema de postnet porque los empleados no podrían asegurarse la plata de la jornada. "Acá nos vemos económicamente coartados todos", definieron los dueños.

Para los choferes, la mampara es posible

Los choferes, por el contrario, se mostraron conformes con lo aprobado puesto que están en la línea de lo acordado por Pérez. Y defendieron la instalación de las mamparas, a pesar de los "volúmenes grandes" -dixit- de algunos conductores, por lo que piden la renovación del parque automotor para contar con coches con un espacio interior más amplio.

De hecho, el diputado radical Luis Petri recordó que hace meses el sindicato de taxistas acondicionó un vehículo -un Corsa- para demostrar que sí se puede colocar la separación. "Es realizable", añadió Petri.

Tensión en alza por despidos

El conflicto que distancia a choferes y propietarios quedará suspeditado políticamente a lo que definan los senadores, puesto que la norma vuelve a la Cámara Alta.

Por ahora, el problema -que incluye aspectos policiales, económicos y hasta sociales- parece lejos de aquietarse si uno atiende lo que denuncian desde el gremio. Luego de la movilización del viernes a Casa de Gobierno, unos 70 trabajadores fueron despedidos por la patronal, lo que eleva la tensión. El sindicato de taxistas advirtió por ello que tomarán medidas de fuerza si se cumplen más despidos.