Según los datos generados por la Encuesta de la Deuda Social Argentina para el tercer trimestre de 2016 (julio, agosto, septiembre), sólo 41,4% de la población económicamente activa urbana argentina poseía un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales. En tanto, entre 2010 y este año, la proporción de subempleos inestables pasó de 9,2% a 18%. Esos son algunos resultados destacados del informe que presentó el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Resistencia está entre los aglomerados que formaron parte del relevamiento.

Bajo el título “Empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales en la Argentina urbana (2010-2016)”, el Observatorio presentó este trabajo basado en datos generados por la Encuesta de la Deuda Social ArgentinaSerie Bicentenario para el período 2010-2016, con registros relevados en el cuarto trimestre de los años 2010 a 2015 y en el tercer trimestre del año 2016. Además del 41,4% de la población económicamente activa urbana que posee empleo, otros resultados surgidos de la encuesta develan que el 30,7% tiene un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social, el 18% está subocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad y/o participan de programas de empleo con contraprestación y el 9,9% se encuentra abiertamente desocupados.

En tanto, entre 2010 y 2016 la proporción de subempleos inestables pasó de 9,2% a 18% de la población económicamente activa. Según el informe, este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas contra cíclicas de generación de trabajos vinculados a un mercado interno de consumo de bajos ingresos y/o a programas de empleo, fue el que compensó el comportamiento de la desocupación (la cual disminuyó de 11,4% a 9,9%) en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo pleno.

Caída del empleo

Entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, sin que se hayan registrado cambios relevantes en la tasa de actividad, se confirma una caída del empleo pleno (1,6 pp.), incluso en el empleo precario, teniendo como correlato un aumento en el subempleo inestable y aunque estadísticamente no significativo- en la tasa de desempleo abierto.

En igual sentido, se observa un aumento significativo en el riesgo de desempleo (haber estado desocupado al menos una vez en el último año), de 24,9% a 27,7%, y la percepción de los ocupados de considerar altamente difícil conseguir un empleo similar en caso de perder su actual trabajo (de 84,5% a 88,1%).

Los ingresos de los trabajadores

De acuerdo con el informe, las retribuciones al trabajo difieren de manera significativa según la calidad del empleo al que acceden los trabajadores. El mayor ingreso medio laboral mensual en el tercer trimestre de 2016- lo recibían los ocupados con empleo pleno ($15.099), en menor medida los que poseen empleo precario ($9.426) y, por último, los trabajadores con subempleo inestable ($3.724). El ingreso horario, para estos grupos de trabajadores fue de $110,3, $86,5 y $34,1, respectivamente.

Entre 2010 y 2016 la media de ingresos mensuales disminuyó 7,9% (de $11.832 a $10.897). Esto se debe, básicamente, al decrecimiento de los ingresos de los trabajadores con subempleo inestable, ya que el promedio del resto no presenta variaciones significativas. En 2016, la ampliación de la brecha de ingresos llevó a que los trabajadores con empleo de baja calidad ganaran un 51,5% menos que los de empleo pleno de derechos.

Entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, considerando un aumento en IPC de 34%, se habría registrado un leve aumento aunque poco significativo- en la media de las remuneraciones de los trabajadores ocupados en los empleos plenos y precarios, aunque esto se habría debido a un cambio en la composición de los ocupados de dichos empleos (caída al subempleo de los segmentos menos calificados). Al mismo tiempo que las remuneraciones medias de los trabajadores ocupados en subempleos inestables volvieron a caer de manera significativa, manteniéndose fuertes brechas en la distribución del ingreso laboral.

Seguridad social

En 2016, el 51,3% de los trabajadores no participan del Sistema de Seguridad Social. Los empleadores no le realizan los aportes jubilatorios a 33,3% de los asalariados y 71,5% de los trabajadores por cuenta propia no realizan aportes. En el mismo año, 34,2% de los trabajadores no cuentan con obra social, prepaga o mutual provista por su trabajo o por el grupo familiar.

Entre 2010 y 2016, la tendencia es significativa en cuanto a un aumento en el porcentaje y cantidad de trabajadores excluidos de la seguridad social (de 47,7% a 51,3%). Esta situación afectó especialmente en los estratos socioeconómicos más vulnerables de la estructura social, generándose así una mayor segmentación socio-ocupacional a nivel sistémico. La mayor caída tuvo como fuente el trabajo asalariado, mientras que los trabajos no asalariados mantuvieron casi sin cambios su alto grado de desafiliación.

Entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, se registra una variación neta negativa no significativa en los niveles de no afiliación a la seguridad social (50,6% a 51,3%). Pero esta tendencia estaría expresando dos comportamientos diferentes: un nuevo aumento en el trabajo no registrado entre los asalariados (30,6% a 33,3%) y una caída por parte de trabajadores independientes y/o pequeños empleadores (76,1% a 71,5%).

Micro informal

La persistencia de un amplio sector micro-informal (dueños y asalariados de pequeñas empresas, cuentapropistas no profesionales, trabajadores domésticos o familiares), en la estructura productiva constituye uno de los mayores inconvenientes en el mercado de trabajo por sus características de reducido nivel de productividad y retribuciones. En los últimos años este sector incrementó su incidencia, concentrando en el tercer trimestre de 2016 el 52,7% de los trabajadores ocupados.

En términos generales, entre 2010 y 2016, la población ocupada en puestos precarios o subempleos pasó de 50,6% a 54,1%. En el caso de los asalariados con estos problemas de empleo pasaron de 25,2% a 31,8%, y para los no asalariados de 82,9% a 79,1%. Pero la incidencia del incumplimiento de los derechos laborales es altamente diferencial según el sector de ocupación. En 2016 se encontraban en esta situación 82,9% de los trabajadores del sector micro-informal mientras que sólo 22,9% de los del formal y 9,9% de los ocupados en el sector público.

Estas desigualdades en la estratificación sectorial del mercado de trabajo se expresan en las remuneraciones totales y horarias reales de los trabajadores según su inserción ocupacional. Entre 2010 y 2016, además de una caída en las remuneraciones reales medias, se evidencia una tendencia significativa negativa en el caso de los ingresos de los trabajadores ocupados en las micro-empresas informales; a la vez que un relativo sostenimiento o mejoramiento entre los trabajadores ocupados en el sector público y el sector privado formal. Aunque también en este caso, los cambios de composición al interior de cada sector podrían estar explicando estas variaciones (sobre todo en el caso del sector público entre 2015 y 2016). La media de ingresos laborales mensuales se ve afectada por la calidad del empleo y el sector económico-ocupacional. En comparación con el trabajador con empleo pleno, los que poseen empleo de baja calidad reciben 62,4% menos de ingreso promedio si están ocupados en el sector público, 13% menos si pertenecen al sector formal y 45,8% menos si pertenecen al sector micro-informal. Es importante destacar que los trabajadores del sector público con empleo de baja calidad solo representan 1,3% del empleo total (beneficiarios de políticas de empleo con contraprestación y, en menor medida, asalariados encubiertos).

Las conclusiones

Con esos resultados, el informe arriba a seis conclusiones básicas. Resalta así que “durante el período del Bicentenario, los indicadores laborales muestran la persistencia de precariedades y desigualdades estructurales”. “Todavía estamos lejos de garantizar los derechos laborales mínimos para una parte importante de la sociedad”, agrega. Destaca luego que “las pocas mejoras no han sido equitativas, a la vez que han tendido a estancarse” y que “los mayores beneficiarios de la disminución de la precariedad laboral fueron los trabajadores de estratos medios y medios altos”.

Además, señala que “las brechas en la calidad del empleo no han disminuido, persisten en el tiempo y se presentan como estructurales”, debido “a la persistencia de un sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, alta precariedad y ampliamente extendido”.

Otra conclusión que surge de la encuesta es que “durante el último año, las medidas que buscaron resolver desajustes macroeconómicos, a la vez que crear un clima de confianza para lograr una reacción favorable de los mercados, no han tenido la respuesta esperada”. “Los efectos de las medidas compensatorias dirigidas hacia micro-pymes no han sido suficientes”, acota.

Más adelante, advierte que “en tanto se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral, y por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”.

“No hay evidencias de una crisis ocupacional pero tampoco de que estén ocurriendo mejoras en el mercado de trabajo. Quizás se haya llegado a un piso de deterioro laboral, pero un cambio de rumbo no sólo necesitará mayores inversiones, sino también políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad”, concluye el informe.

Escenario recesivo

El Observatorio de la Deuda Social destaca que, con posterioridad a la crisis de 2001 y hasta 2007-2008, el contexto fue favorable para las mejoras en el mercado de trabajo. Entre los hechos positivos se identifican la recuperación de la inversión, el aumento de la competitividad internacional por efecto de la devaluación, la existencia de una importante capacidad ociosa en la estructura productiva, las políticas orientadas a ampliar del mercado interno y la expansión económica de los principales países socios.

Estas condiciones favorables se complementaron con decisiones en materia de política laboral que recuperaron un marco legal de mayor protección del trabajo.

Sin embargo, el informe advierte que “a pesar de las políticas contra cíclicas, desde 2009, en el marco de los límites de un modelo fundado en el consumo sin aumento de las inversiones, con los condicionantes de cambios adversos en el escenario internacional y con restricciones monetarias en el proceso de sustitución de importaciones, se desaceleró la creación de puestos de trabajo y se estancaron las mejoras en el mercado laboral”.

Luego resalta que, a partir de 2016 “las medidas de ajuste macroeconómico, el contexto internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la falta de inversión privada y pública han generado un escenario todavía más recesivo y adverso en materia de empleo”.

De acuerdo con la evidencia reunida por el ODSA y otras investigaciones académicas, al menos durante las últimas décadas, sea en un contexto de apertura económica o de políticas de protección del mercado interno, el sistema económico argentino no ha dejado de acumular barreras productivas que han ampliado los núcleos de marginalidad y profundizado las desigualdades estructurales.

Desde el enfoque teórico asumido por el ODSA, tanto las desigualdades sociales persistentes como la pobreza estructural, no son el resultado de un déficit en materia de capital humano, sino el correlato necesario de un modelo productivo desigual, con impactos regresivos a nivel sociolaboral y distributivo.