Plantean que hay ilegalidad en la aprobación del pliego para la convocatoria y reclaman que el proceso pase por audiencia pública. “Si la justicia nos da la razón, el paso siguiente es paralizar la licitación", expresó Ramírez Alegre.

Minutos antes de que los concejales por ECO en el Concejo capitalino, Gabriel Romero y Ramírez Alegre, presentaran ante la justicia un recurso de amparo por el llamado de licitación en el contrato de recolección de basura, hablaron con Radio 92.9 y argumentaron porqué recurren a esta maniobra. “Es una acción de amparo que vamos a interponer en conjunto con el concejal Ramírez Alegre con una medida cautelar, consistente en solicitar a la Justicia que despache una suspensión del proceso licitatorio hasta tanto se discuta la cuestión de fondo.

Planteamos que existe ilegalidad manifiesta e inconstitucionalidad en la resolución 1571, en la cual el intendente Camau aprobó el pliego de bases y condiciones y la convocatoria a licitación pública para el servicio de recolección de basura”, indicó el concejal Romero.

Y agregó: “Hemos intentado por otros medios que este acto violatorio de la constitución provincial y carta orgánica sea suspendido por el Intendente. Con una nota planteamos las razones que habilitan de darle otro marco o tratamiento a esta licitación. Sugerimos que pase por el Concejo Deliberante. Lamentablemente rechazó el Ejecutivo este pedido y hasta algunos de sus funcionarios, salieron a decir que el proceso era un mero alquiler de camiones. Por supuesto no se trata de eso y hay un conjunto de prestaciones que se convoca a las empresas, entre las cuales constituye la concesión parcial o total del servicio de recolección”.

Según Romero, hay ilegalidad manifiesta y conflicto con normas de carácter inconstitucional: “Tratándose de una concesión tiene que generarse las condiciones, es decir, tiene que ser aprobado por ordenanza con el 2/3 de los miembros o concejales, así debido también con un proceso de doble lectura y audiencia pública”.

Por último, el concejal radical Ramírez Alegre consideró que si la Justicia se expresa en favor de la medida cautelar, el paso siguiente es frenar el proceso de licitación. “Como no logramos que el encargado (Camau) encause este proceso, en el ámbito administrativo, la medida que llevamos adelante es que la justicia que aparece como imparcial. Va ser la justicia quien determine quién tiene razón, el Intendente o los concejales que no estamos de acuerdo con este procedimiento irregular”, sostuvo.