La Justicia debe corregir el desvío jurídico que consintió el Poder Ejecutivo (PE) al ceder ante el reclamo salarial que la Policía llevó adelante por la fuerza. Esa premisa inspira la acción de nulidad que la Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad presentó en la Justicia el 10 de enero pasado.

La ONG atacó el Decreto 3.927/3 SH-2013, del 10 de diciembre, que puso fin a la rebeldía policial y a 72 horas de furia y descontrol, con numerosos ataques a la propiedad, heridos y muertos. Ese acto firmado por el gobernador José Alperovich dispuso un aumento del 35% y un sueldo inicial de $ 8.700 para el plantel de la Policía.

“El propio gobernador señaló que se había vivido una verdadera extorsión y que se estaba atentando contra la democracia”, relató la fundación creada en 2008 y presidida por Carlos Felipe Díaz Lannes. Estas definiciones; la denuncia por sedición que articuló el Gobierno (presentación que dio lugar a la prisión preventiva de supuestos instigadores del acuartelamiento) y el compromiso de mantener el aumento pese a que otras provincias como Chaco luego revocaron las concesiones salariales conseguidas por prácticas extorsivas exigen la intervención de la Justicia, según la organización civil.

“El Gobierno expresa posiciones incoherentes”, razonó la demandante. Y añadió: “el mensaje que da a la sociedad es confuso, rayano con la esquizofrenia política y el doble discurso, ya que, por un lado, protesta públicamente contra las acciones delictivas de las que fue objeto, pero, después, termina convalidándolas al propiciar el acatamiento del decreto obtenido en forma ilegal. De esta manera fomenta la anomia entre los propios agentes públicos, en lugar de anular el acto viciado”.

La ONG declaró no recibir subsidios estatales, solicitó el beneficio para litigar sin gastos, y dijo representar al sector policial y de la población que no comparte la obtención de un incremento salarial por medio de la coacción. “No es posible dejar incólume este decreto viciado de nulidad por la sencilla razón de que implica avalar hechos delictivos provenientes de integrantes de la institución estatal que entre sus cometidos tiene evitar violaciones a la ley e investigar la comisión de delitos”, afirmó la fundación. Y agregó que el Poder Judicial debía enviar una clara señal a la sociedad -y, en particular, a la institución policial- de que, en su carácter de último intérprete y guardián de la Constitución, no tolerará los embates y atropellos de ningún grupo, menos del que emplee las armas que le da el Estado para mantener el orden.

Crear otros canales

El juicio ingresó -por sorteo- a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ese tribunal integrado por Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello ha de decidir si revoca o mantiene un pedido de informes al PE ordenado por el juez de feria. A continuación habrá de resolver sobre las medidas cautelares que planteó la fundación.

“Creemos que la mejora salarial debe ser concedida por los carriles adecuados a un Estado de derecho. Entendemos la situación de todos los agentes públicos -no sólo de los policías- y que estos necesitan canales efectivos para discutir sus condiciones de trabajo”, expresó Díaz Lannes por escrito a LA GACETA.

Por eso la ONG pidió a la Justicia, por un lado, que provisoriamente suspenda la aplicación del decreto cuestionado. Y, por el otro, que ordene al Gobierno que convoque al personal policial a designar, por medio de elecciones libres y democráticas, a tres delegados. Estos representantes han de integrar la comisión paritaria encargada de discutir remuneraciones y condiciones de labor.

La fundación de Díaz Lannes también propuso constituir una comisión de seguimiento y control formada por cinco ONG, dos legisladores y el defensor del Pueblo. Además, postuló la necesidad de conceder los incrementos en función del cumplimiento de objetivos institucionales como la aplicación de estándares de transparencia y de medidas tendientes a la democratización de la fuerza. Por último, dejó abierta la posibilidad de que los aumentos otorgados con intervención de la comisión paritaria sean aplicados retroactivamente a enero de 2014.

DETALLES DE LA DEMANDA

- EL RELATO DE LOS HECHOS.- La Fundación Centro de Estudios en Democracia, Justicia y Seguridad dijo en la demanda que el personal de la Policía de Tucumán abandonó mayoritariamente el servicio durante el 8, 9 y 10 de diciembre de 2013 para apoyar los reclamos presentados por un grupo de agentes reunidos en el edificio de la Subjefatura ubicado en la calle Chile al 1.800. Los acuartelados pretendían la recomposición salarial para el personal con un sueldo básico de $ 12.000; mejoras laborales, y la reincorporación de Diego Herrera, Angel Chaile y el comisario Miguel Toledo, todos policías cesanteados en abril de 2013. “A medida de que pasaban las horas, comenzaron a producirse saqueos en toda la provincia”, agregó la organización civil.

- DEBER DE REACCIÓN.- “La gravedad de los hechos narrados son la causa encubierta y no expresada del decreto que concedió el aumento salarial que se pretende anular. Esto debe motivar una justa reacción del Poder Judicial para hacer volver las cosas a su quicio”, manifestó la fundación. Según su criterio, el acto impugnado fue dictado por un Poder Ejecutivo que se encontraba con escasas posibilidades de negociación, y la presión de la Policía sumada a la situación de caos social constituyen un vicio de entidad suficiente (violencia moral) para fulminar el decreto con la nulidad.