¿Cuál sería la ventaja para el líder de la CGT, Hugo Moyano, de una presidenta menos poderosa? Para alguien que ha frecuentado al sindicalista, las ventajas son obvias. "Moyano o cualquier líder de la CGT preferiría a un gobierno con dificultades y flaquezas, para ofrecerse como garante de la paz social y la estabilidad y, a cambio, pedir favores como dineros por supuestas deudas de las obras sociales, archivo de causas judiciales y protección para los negocios reconocidos o no".

El líder camionero no ha esperado ni a que Cristina Fernández sea reelegida ni a que su estrella comience a apagarse ante la previsible salida de la presidencia. El multitudinario acto en la avenida 9 de Julio, con su público pedido de lugares en las listas, se parece mucho más a un apriete o a una amenaza que a un apoyo. Claro que la Presidenta prefirió mostrarse tomando la iniciativa y no resignándose a las presiones.

Cristina Kirchner tiene, sin embargo, intenciones de modificar algunos de los reclamos de Moyano. No es un dato menor que quiera cambiar el proyecto de reparto de las ganancias empresarias. Es que, como señalan algunos empresarios y economistas, el proyecto está mal redactado. Por ejemplo, en algunas empresas intensivas en el uso del capital y con poca mano de obra, como petroquímicas o generadoras de electricidad, se podría crear una casta de obreros millonarios. Una compañía que invierte mil millones de dólares en una planta y tiene 150 empleados debería repartir entre ellos cifras escandalosas cuando comience a dar beneficios. Es, aseguran los especialistas, una de las tantas inconsistencias de un proyecto que no está bien diseñado.

La sanción de la ley de regulación de las prepagas, resistida por las empresas del sector, también creó sospechas de que el líder camionero podía estar detrás. Pero algunos de los que se consideran damnificados creen que no hay un beneficio extra para las obras sociales.

En el sector sindical creen que "Moyano efectivamente quisiera volver al sistema de monopolio de las obras sociales que existió hasta los 90, en el que era imposible cambiarse de entidad de cobertura, pero dentro de la propia CGT tiene opositores".

El sistema era una verdadera vergüenza para la democracia. Los trabajadores del sector formal podían elegir quién podía ser presidente de la Nación, pero no a quién querían como prestador de salud.

Las obras sociales se financian con un impuesto. Empleados y empleadores deben contribuir a un sistema que es obligatorio y del que es imposible escapar. Son entidades públicas para recaudar y privadas para gastar, sin auditoría ni control presupuestario, al contrario de lo que ocurre con otros recursos públicos. El concepto es que son propiedad en su conjunto de los trabajadores aportantes. Pero el Estado, a diferencia de lo que hace con empresas privadas en nombre de los aportantes y beneficiarios de la Anses, no tiene un solo miembro en sus directorios ni un proyecto para colocarlos.

Las obras sociales recaudaron en 2010 en conjunto más de $ 21.000 millones, un 29,6% más que el año anterior. Pero la tasa de crecimiento de los recursos se aceleró sobre el final del año. En el último cuatrimestre fue del 35 por ciento.

"Moyano quiere volver al monopolio que obligaba a cada trabajador a estar siempre en la obra social de su sindicato, pero hay otros gremios que se acomodaron mejor al nuevo negocio y compiten bien por los traspasos", dice un informante, que pone como ejemplo a UPCN. "Han armado buenas coberturas y atraen afiliados de otros gremios". Además, pesa la buena relación con el Gobierno, al que han ayudado, por ejemplo, a respaldar las intervenciones y manipulaciones en el Indec.

"A Moyano se le complica porque los camioneros han conseguido sueldos muy altos y ahora aspiran a servicios de salud de excelencia; hay gente que le dice: «Hugo, la bruja quedó encantada con La Trinidad y me aprieta para que nos cambiemos de cobertura»", dice risueño un informante.

Pero si no favorece al líder cegetista, la ley de regulación de las prepagas genera otros peligros. Para el economista Jorge Colina "era necesaria la regulación, porque había un vacío, pero se han cometido algunos errores conceptuales". Para el especialista, el primero es la imposibilidad de rechazar afiliaciones individuales por enfermedades preexistentes. "El problema son las patologías como el cáncer o algunas cardiovasculares, que son definidas como financieramente catastróficas."

"Hay una confusión con las obras sociales, que no rechazan afiliaciones por enfermedades preexistentes ni imponen períodos de carencia porque, para el trabajador formal, se trata de un esquema obligatorio al que deben contribuir también los sanos y eso genera un sistema de seguro", explica Colina, quien agrega: "En cambio, las prepagas son un sistema optativo, típicamente para trabajadores autónomos de buenos ingresos que quieren algo mejor que el hospital público; es perfectamente posible no afiliarse o irse". La conclusión de Colina es que, con el sistema que se acaba de sancionar, las coberturas serán demasiado caras para los sanos y baratísimas para quienes tienen una enfermedad gravísima, algo en lo que coincide el economista Lucas Llach.

Es como si los seguros contra incendio de hogar o de robo del automóvil fueran muy caros, pero se pudieran contratar una vez que el siniestro se produjo. Nadie los contrataría hasta que llegue la catástrofe y las empresas quebrarían. "Si todo el mundo debe afiliarse, la situación es diferente -explica Colina-. Si se asegura todo un barrio contra incendio, tal vez el asegurador acepte pagar los daños de un par de casas que ya se incendiaron." De otro modo, las enfermedades preexistentes y muy costosas deberían ser cubiertas por un sistema público y solidario. "Es lo que ha hecho Barack Obama con su reforma del sistema de salud en los Estados Unidos", dice Colina.

Lo grave de la regulación que acaba de aparecer, aseguran en el sector, es que puede poner en riesgo a instituciones de excelencia que hacen en el país tratamientos que antes debían hacerse afuera y a las que acude también el sistema público, subsidiando terapias a personas que no pueden acceder a ellas. "El sistema es perfectible, pero habría que cuidar de no poner en peligro instituciones que prestan servicios de excelencia, incluso a quienes no pueden pagar por ellos por medio de subsidios o donaciones", dice el economista.

Desde el oficialismo se ha dicho que la ley de prepagas ampara al eslabón más débil de la cadena, pero no es verdad. Los más débiles son los que deben hacer colas interminables en la madrugada para conseguir un turno en los desbordados hospitales públicos. Por ellos no se han preocupado ni Moyano ni los legisladores. Ni tampoco parecen estar en la agenda de Cristina Kirchner.