Lo dijo el presidente del Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata, Carlos Rozanski. También habló del juez Hooft.
"Tengo conciencia de lo que significa en papel el pensamiento del juez prejuicioso, del que nunca debió ser nombrado juez y que si por error fue nombrado, tiene que ser echado sin dificultad", argumentó, y aseveró: "La deuda más grande del terrorismo de Estado en Argentina es la democratización de la Justicia".
A su vez, destacó que si bien "todos tenemos una ideología", al ser volcada en los fallos, "la sociedad tiene posibilidad de decir 'esta persona no puede ser juez'". En ese marco, subrayó la necesidad de que haya "un cambio en la sociedad" pero aclaró que "para eso debe haber un Consejo de la Magistratura integrado por gente que pueda ser escrutada por la propia sociedad; que nosotros ver quiénes son".
Caso Hooft: "Un negrito va preso pero por no ir a declarar"
Por otra parte, Rozanski se refirió a la situación del suspendido juez Pedro Federico Hooft, quien se resiste a prestar declaración indagatoria ante la justicia federal respecto de las acusaciones que recaen sobre él por su presunta participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
- ¿Por qué es tan difícil lograr que el juez Hooft responda cuál fue su participación en los delitos por los cuales se lo acusa?
- No conozco los detalles pero sí conozco lo que leí en la prensa. Yo plantearía primero que es evidente que el poder de la corporación judicial, sumado al de la económica, es el más fuerte. Cuando leí la noticia hace días pensaba que a esta persona lo citaron una vez, dos veces… Un 'negrito' va preso, pero por no ir.
Lo que sucede es que, culturalmente, en una parte de la corporación judicial hay lo que se llama un doble estándar y eso es lo que marca una de las huellas del terrorismo de Estado. Por eso es tan importante que la sociedad decida y dibuje cuál es el perfil de juez que necesitamos en esta etapa de la historia argentina.
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