Concretamente, el municipio intentó alterar el monto de las viviendas, con el interés de llevar mayores recursos para las arcas municipales, lo cual fue declarado nulo por la Justicia que falló a favor de las familias, quienes firmaron un convenio accediendo al pago de cuotas sociales fijas y se encontraron con que a los dos años debían abonar un precio aumentado un 44% sin previo aviso. Sin dudas un nuevo traspié para Jesús Cariglino, a días de los comicios.

El decreto N°2607 fue dictado el 22 de marzo de 2012 por la Municipalidad de Malvinas Argentinas en el marco del expediente administrativo n° 4.132-24.009/2.012, por cuyo medio se dispuso la actualización de los precios de venta de las unidades funcionales del Complejo Parque Seguí I y II. Se trataba de un aumento del 44% al precio original de los barrios construidos por el Gobierno nacional en el marco del Plan Obra Para todos los Argentinos pero cuya administración quedó bajo el Ejecutivo local.

A principios de mayo de 2012 los vecinos de los barrios Seguí I y III de Pablo Nogués se sorprendieron con una carta documento sin firma que los instaba a retirar por la dirección de Vivienda la nueva chequera con los aumentos establecidos sin mayores explicaciones. Sin ningún tipo de notificación previa, los habitantes descubrieron que de 900 pasarían a pagar 1.300 pesos, un monto por encima de lo pautado en el contrato firmado con Nación y Provincia. Por otro lado, los vecinos sufrieron otra carga monetaria, ya que el Ejecutivo encabezado por Cariglino les aumentó el impuesto municipal tres veces en ese año, que juntos suman un 42% más.

En base a los convenios firmados, el municipio dio al momento de la entrega de llaves de las viviendas una chequera por unidad funcional con las cuotas fijas a pagar por todo concepto en forma mensual y consecutiva hasta la finali-zación del monto fijo convenido, por lo cual se entiende que las cuotas estaban pautadas para ser fijas hasta el pago total. Pero en mayo de 2012 los vecinos recibieron la nueva chequera, con la actualización ilegal del precio.

Después de siete cartas enviadas al Municipio de parte del consorcio del barrio, en las cuales se pedía diálogo y algún tipo de negociación sin obtener respuestas, los propietarios decidieron recurrir a la Justicia como última alternativa.

Desde el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, organismo que por lo general se encarga de llevar a cabo las cuestiones administrativas de los barrios federales, explicaron que “por decisión de las autoridades municipales, el recupero de las cuotas del ba-rrio está a cargo del municipio, por lo que es el municipio el que debería darle a los vecinos la explicación respecto a los motivos del incremento de la cuota”.

El conflicto judicial llevó tres años, el juez de primera instancia le dio la razón al Municipio pero ahora la Cámara de Apelaciones de San Martín revirtió el fallo y les dio la razón a los vecinos. Además, el Ejecutivo deberá afrontar las costas del juicio, diversos trámites y gastos de los abogados que intervinieron en el caso.

Los camaristas Hugo Echarri y Ana María Bezzi revocaron semanas atrás la sentencia del juez de grado, favorable a la Municipalidad, y declararon nulo el polémico decreto N° 2607, que según el cariglinismo autorizaba al aumento de precios de las cuotas.

“Si bien la ordenanza regula distintos supuestos en relación al precio, condiciones de venta, financiamiento y garantías sobre el saldo de precio, en ninguna de sus normas autoriza al titular del Ejecutivo a efectuar actualizaciones sobre los saldos de precio financiados”, sostuvo en su fallo el juez Echarri. A la vez que realizó una descripción de las modalidades de pago, Echarri dijo que el decreto no prevé entre sus funciones la de actualizar los saldos de deuda.

Desde la comisión vecinal recordaron que en la cláusula séptima de convenio entre la municipalidad y los vecinos habitantes del barrio se establece que el precio de las viviendas es “único, total y definitivo” y constituye, según el caso, un monto diferente para cada unidad funcional. En el mismo también se señala el monto total de la vivienda, anticipo y cuotas específicas, indicándose en este último caso, el valor de cada una de ellas hasta la finalización del pago total de nuestra unidad funcional.

Por el contrario, la abogada Liliana Cristina Gastaldi, en representación de la municipalidad, dijo que el “precio único, total y definitivo” que decía el contrato era solamente para el momento de celebrarse el contrato y que podía revisarse con posterioridad. Sin embargo, los vecinos obtuvieron sentencia favorable de la Justicia y Cariglino deberá volver atrás sobre sus intenciones.

De la misma manera, los vecinos señalaron que la actualización de precios de venta de las unidades del barrio Seguí no es aplicable por el índice de precios de la Cámara Argentina de la Construcción (ICC) que menciona el decreto N° 2607, debido a que ese índice se aplica a viviendas en construcción o aún no adjudicadas, según jurisprudencia, mientras que las viviendas del barrio están terminadas y con acta de posesión.

Aún no se sabe qué pasará con aquellos vecinos que no se sumaron a la movida judicial y que abonaron las cuotas con el aumento, ahora declarado ilegal por la Justicia. Muchos de ellos decidieron no accionar por miedo a represalias, y/o por estar relacionados de una u otra manera con el Ejecutivo local, como por ejemplo, ser empleados municipales.

El jefe comunal Jesús Cariglino ha recibido diversas denuncias ante la actuación fuera de la legalidad por parte del municipio. En cuanto a los barrios en cuestión, también se lo acusa de repartir viviendas a familiares suyos y de sus funcionarios, impidiendo el acceso a personas sin vivienda, necesitadas de tener el techo propio.

En este caso, la Justicia hizo lugar y el municipio deberá hacerse cargo de sus errores, no obstante la cuestión no está cerrada y los vecinos aún no pueden estar tranquilos ya que el municipio podría apelar la sentencia y dejar que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense se expida sobre el tema.