Sobre la denuncia al gobierno por malversar fondos públicos

Sobre la denuncia al gobierno por malversar fondos públicos

La Fiscalía de Estado confirmó, en Radio Nacional Ushuaia la denuncia publicada por el portal 94diez por la supuesta malversación de fondos públicos por 4 millones de pesos. La denuncia penal involucra a las gestiones del ex  gobernador Hugo Cóccaro y de la actual gobernadora Fabiana Ríos.

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado, Maximiliano Tavarone, presentó una denuncia penal contra funcionarios del ministerio de Economía, por haber desviado, desde el año 2005 hasta septiembre del 2014, fondos de afectación específica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente hacia la Cuenta Única del Tesoro, por un monto de 3 millones 914 mil 874 pesos.

La denuncia penal, que involucra a las gestiones del ex  gobernador Hugo Cóccaro y de la actual gobernadora Fabiana Ríos, fue presentada el pasado 8 de abril en el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación de la doctora María Cristina Barrionuevo.

En el escrito presentado, Tavarone menciona que en el marco de la denuncia, por daño ambiental causado por el estado del sistema cloacal de la ciudad de Ushuaia, realizada por la Asociación Participación Ciudadana requirió diversos informes a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia.

Uno de ellos, detalla, realizado desde la Dirección General de Política y Gestión Ambiental, hizo alusión a la presunta existencia de serias irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos. Dice la misiva: “Es importante destacar las importantes limitaciones financieras de esta Dirección para el desarrollo del programa, en virtud de los exiguos y casi nulos fondos de financiamiento que en los últimos años han sido efectivamente asignados para el cumplimiento del artículo 23 de la ley 55, ley que crea el Fondo provincial de Medio Ambiente, los cuales son de afectación específica para el control ambiental pero que debido a una modificación legal son absorbidos por la Cuenta única del Tesoro, lugar desde donde no vuelven a ser reasignados para la generación de acciones para lo cual fueron recaudados”.

Ante esto, el Fiscal Adjunto, solicitó información a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría que encabeza Fabián Boyeras, la cual emitió un informe confirmando que desde el año 2005 se llevan a cabo ciertas prácticas que “ameritarían una investigación penal por parte del Ministerio Público”.

Según este informe, “desde el año 2005 y hasta el 18 de septiembre de 2014 se habría recaudado en el Fondo Provincial de medio Ambiente la suma de 4 millones 403 mil 415 pesos, suma de la cual se habría ejecutado únicamente la cifra de 488 mil 540 pesos. La diferencia entre lo recaudado y lo ejecutado, esto es, la cifra de 3 millones 914 mil 874 pesos, pese a pertenecer al Fondo Provincial del Medio Ambiente, habría sido remitida a la Cuenta Única del tesoro, impidiendo que, desde allí, la autoridad de aplicación pudiera afectarla a los fines previsto por el legislador en los artículos 22 y 23 de la ley 55”.

Luego de aclarar que “este programa es uno de los instrumentos que permiten llevar a cabo en los hechos el cumplimiento de lo prescripto por diversas disposiciones de obligado acatamiento en materia ambiental, cuya inobservancia puede dar lugar a la producción de daño irreparable al medio ambiente, cuyas responsabilidades trascienden la esfera meramente administrativas”, Tavarone, entiende que “corresponde investigar la conducta de los funcionarios responsables de las áreas de incumbencia”.

El Fiscal Adjunto, puso en conocimiento de la denuncia presentada al juez Alejandro Fernández, quién condenó al Gobierno y a la municipalidad de Ushuaia por la contaminación cloacal que afecta a Ushuaia, en el entendimiento que los hechos denunciados pueden guardar relación con la causa “Participación Ciudadana c/Gobierno de la provincia de TDF y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos”.

También presentó una copia de la denuncia el Tribunal de Cuentas, para que este considere la posibilidad de intervenir en lo relacionado al tratamiento dado a los recursos de afectación específica y a los circuitos administrativos mediante los cuales aquéllos son recaudados, distribuidos y ejecutados.

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