El dicho de Moyano es efectista, tiene impacto mediático y apunta esencialmente a cuestionar la política antiinflacionaria del gobierno. Pero también a tratar de lograr un acercamiento con los sectores medios y medios altos que, en general, lo rechazan por su condición de sindicalista, por su estilo confrontativo e incluso por su fisonomía. Sin embargo, más allá de la relación dispar de la clase media con el gremialista lo importante en este análisis es la asociación que Moyano y los principales formadores de opinión hacen entre inflación, precio de los alimentos y supermercados. Ni siquiera hay que ponerse a conducir de un changuito de un supermercado para tener una idea clara de la fuerte alza que vienen sufriendo los precios, particularmente de los alimentos y bebidas, en las grandes cadenas de los hipermercados. Alcanza con ingresar a la página web, donde el precio de un kilo de tomate sigue en torno de los $ 25 y 26 mientras que una verdulería de la misma zona donde se encuentra el supermercado los cobra entre $10 y $15. No obstante un informe oficial reciente que se adjunta a modo de gráfico muestra que el consumo privado total que, en el primer trimestre de este año, superó los $ 1.368.453 millones, la participación del segmento consumo de alimentos y bebidas representó menos de la tercera parte (31,5%). Además, aunque la terminología resulte redundante sólo el 26,6% de los alimentos y bebidas que consumen los argentinos se adquieren –siempre tomando como referencia el informe gubernamental– en super e hipermercados. Otro dato relevante que revela este trabajo es que los segmentos sociales de mayores ingresos son los que más compran este tipo de productos en los hipermercados mientras que los sectores medios-bajos y bajos recurren más a los negocios específicos y a otras alternativas para adquirir los alimentos. Por ejemplo, los hogares correspondientes al decil 10, que se encuentran entre la pirámide de las familias que más ingresos tienen, gastan casi el 40% de lo que compran en alimentos en los supermercados, los deciles más bajos (1 y 2), en cambio, compran entre el 10,8% y el 14,2% mientras que el resto lo adquieren en otros negocios. La participación y la incidencia de las grandes superficies declina a medida que los ingresos monetarios del grupo familiar son menores. La primera conclusión que puede desprenderse de estos números es que aquellos que utilizan el precio de los alimentos y bebidas como termómetro inflacionario es muy probable que se equivoquen porque en realidad están haciendo referencia a un universo muy pequeño de productos y a su vez lo circunscriben a una clase social determinada. Esto explicaría en primer término por qué las consultoras privadas y los medios que se hacen eco de la proyección inflacionaria de las mismas toman como base de la realidad a un segmento definido de la población (al que por otra parte responden) marginando a un enorme universo de argentinos. Está claro que la falta de rigor científico sumado a una visión política sesgada de la realidad y los intereses creados le restan credibilidad a informes que en muchos casos proyectan Índices de Precios al Consumidor (por ejemplo aquel que se conoce maliciosamente como Índice Congreso) cercanos o incluso superiores al 30 por ciento. Si los números de la consultoras se circunscribieran a un análisis equivocado de lo que ya ocurrió el mes anterior, cualquier improvisado analista podría pensar que sólo se trata de un error técnico desprovisto de intencionalidad política pero lo cierto es que muchos bancos utilizan estos indicadores para fijar las tasas de interés que cobran por sus préstamos y muchos actores sociales los usan para remarcar sus precios. Además, estos indicadores "inflacionarios" también inciden negativamente en el humor social. ¿Quiere decir esto que no hay inflación en la Argentina? No. Pero en primer lugar habría que plantear el debate sobre la inflación en términos más serios porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sólo mide una canasta de precios y servicios mientras que la inflación como fenómeno implica una suba generalizada de precios. En la Argentina hay servicios básicos como, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, el transporte público del área metropolitana que están subsidiados y congelados hace años. Sin embargo, tampoco es verdad que pueda asociarse la evolución de los precios a un producto como la carne o la merluza, que han tenido variaciones inferiores a cualquier índice de precios que se tome como referencia. Para definir la inflación de la Argentina y de cualquier país habría que ser un verdadero mago porque sería necesario medir la evolución de todos los precios durante un período determinado a lo largo de todo el ámbito geográfico sin perder de vista a ninguno de los minoristas. Y está claro que la evolución de los precios también está asociada a la elasticidad precio-demanda, es decir, aquellos sectores que están "dulces" y tienen ingresos altos es muy probable que acepten convalidar las subas que proponen los grandes supermercados porque tienen el excedente suficiente y ello sólo representa una mácula en sus ingresos totales. Es decir, es factible que una señora o señor que tenga ingresos mensuales de $50.000 acepte comprar el kilo de tomate a $30 en lugar de recurrir a una verdulería que los vende a $ 15. En cambio, si un despensero aumenta demasiado el kilo de arroz que usualmente compran las familias de menores ingresos es probable que cambie de proveedor o traslade un aumento menor porque sabe que sus clientes no convalidarán un precio mucho más alto porque no tienen los ingresos necesarios. Esto de ninguna manera implica acuñar la argumentación oficial sobre la evolución de los precios porque de acuerdo a la lectura que hace el sociólogo, Artemio López, un hombre cercano políticamente al kirchnerismo, una porción importante de los votos que perdió el oficialismo en el conurbano bonaerense entre los sectores de menores ingresos está vinculado al efecto precios.

Uno de los elementos que podría acercarnos más a un hipotético comportamiento de los precios es lo que se conoce como el Índice de Precios Implícitos (IPI), que se calcula como la diferencia entre el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes y el PBI a precios corrientes; esto es, a los precios vigentes en el período al cual se refiere el producto. No obstante, cabe recalcar las diferencias entre el IPC y el IPI. El IPC comprende una canasta de bienes y servicios previamente seleccionados mientras que el IPI incluye todos los bienes y servicios finales producidos por la economía en un período determinado. En otras palabras, como señala como explicó el economista Ignacio Chojo Ortiz, "el IPI incluye un universo de bienes y servicios más amplio que el IPC" y mucho más abarcativo que cualquier otro indicador privado. Además, el IPC es un índice de ponderaciones fijas y se mantiene constante a lo largo del tiempo mientras que el IPI es un índice de ponderaciones móviles, o sea que la incidencia de cada bien o servicio se va modificando a lo largo del tiempo en función de la distinta velocidad relativa de su crecimiento productivo que se dan en las relaciones de consumo que muestran una mayor incidencia en la canasta de bienes sobre algunos servicios, particularmente los subsidiados (agua, gas, electricidad y transporte). En la última medición el Índice de Precios Implicitos arrojó una suba en torno del 18% anual, número sensiblemente superior al 11% promedio del IPC. Lo llamativo en los últimos años es que la brecha porcentual que separa al IPI del IPC ha ido in crescendo lo que puede estar reflejando una distorsión en la medición que apunta a corregir el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional que está terminando de elaborar el INDEC con el respaldo técnico del Fondo Monetario Internacional. Lo que queda en claro es que detrás de la batalla de los precios, que ciertos sectores mediáticos han logrado instalar como una verdad irreductible, existen intereses políticos y económicos sin, por ello, perder de vista la necesidad de integren una parte neurálgica del debate con miras a poner en marcha acciones de largo aliento que permitan al Estado fijar reglas de disciplinamiento de los actores económicos.