El juez federal Norberto Oyarbide ordenó varias medidas para seguir la ruta del dinero de uno de los casos de corrupción que, en 2007 conmocionó al kirchnerismo: el pago de comisiones de la firma Skanska para participar en un contrato de obra pública.
La semana pasada, el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart se negó a pasarle su causa -que comenzó antes y donde se investiga la evasión impositiva y el supuesto pago de sobornos- a Oyarbide, quien quieren unificar los dos expedientes.
Adrián López sugirió que en la reunión también estaba el subsecretario de Coordinación y Gestión de Planificación Roberto Baratta. En base a esas declaraciones, el ex fiscal del caso Eduardo Taiano imputó a Galera y también a Baratta: se busca averiguar si el subsecretario participó en la reunión donde se organizó la ingeniería para esconder las coimas en una maraña de facturas falsas. Taiano dejó de actuar en el caso cuando regresó a su fiscalía Carlos Stornelli luego de dejar su cargo en el ministerio de Seguridad bonaerense.
Oyarbide ordenó que la División Jurídico Contable de la Policía Federal que realice el seguimiento de los cheques que cobraron los representantes de las empresas con facturas truchas y que -supone- se usaron para pagar coimas. Los policías federales que están llevando adelante esa pesquisa tienen que confrontarla con otra que ya hicieron en este expediente: un estudio patrimonial de dos ex funcionarios que fueron eyectados del Gobierno cuando Fulvio Madaro y Néstor Ulloa fueron citados a indagatoria. Ese mismo estudio abarca a los directivos de Skanska que participaron de la maniobra investigada. Madaro encabezaba el Enargas y Ulloa Nación Fideicomisos y ambos organismos participaron en el control y financiamiento de la obra de ampliación de los Gasoductos del Sur y del Norte.



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