La concejal Viviana Guglielmi fue consultada por la decisión de la jueza civil Adriana Rapossi de ordenar un relevamiento en los módulos habitacionales del Valle de Andorra y de frenar un desalojo a través de un propia observación realizada por la magistrada.
En este sentido dejó entrever que “está muy confuso la cuestión” y aclaró que “no entiendo la conexión” porque “la gente del 10 de febrero no está siendo trasladada a la quinta 52 de Andorra, por lo tanto ahí entro en confusión y no entiendo muy bien por qué se asocia un caso con otro”.
Acerca del material fotográfico aportado por el abogado Roberto Guidi, patrocinador de los vecinos del 10 de Febrero, dijo que “tuve oportunidad de ver las fotos y no identifican un lugar espacialmente, de qué sector se habla. Hay fotos interiores. En todo caso hay que evaluar las condiciones en que se entrega el módulo, porque se entregan a ser completados por quien los va a habitar. Por lo tanto no pierden su condición de habitables y están en mejor condiciones que las casas del turbal”.
Graficó que “si después de años se saca la foto de los interiores, la verdad es que la Municipalidad no tiene potestad de controlar su interior ni cómo vive la gente. Hoy podes ir a cualquier departamento del IPV entregado hace 20 años y podrás ver que hay gente que lo puso bien y lo mejoró y otros que están en condiciones lamentables. Pero ya es una cuestión interna de quien vive ahí. Entonces calificar de habitable o no de acuerdo a cómo vive la gente, me parece que no corresponde. Hay que evaluar cómo se entregan, que es en condiciones de ser completado y esto es mediante un acuerdo”.
Acerca del recorrido realizado por la jueza Rapossi indicó que “ella ya había hecho una visita, recorrió Andorra en su momento, creo que ya había gente viviendo ahí. Por eso no sé si se están confundiendo lugares o mezclando cosas. Eso lo debe responder la jueza, pero está claro que hay una situación confusa”.
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