Desde Sitrajur, tras la realización de una asamblea, expresaron que "llegamos a la conclusión de que se ha llegado a un punto sin retorno para el Poder Judicial de Bariloche, y que como trabajadores merecemos condiciones dignas y sin riesgos para nuestra integridad, lo cual no es tomado en cuenta por quienes deben administrar el servicio de Justicia y velar por esos mismos derechos para el resto de la sociedad." Aseguran que esta situación "no da para más".

"Dados los compromisos incumplidos asumidos por los responsables directos en reuniones mantenidas desde hace un año con este sindicato y con los trabajadores, nos llevan a tomar la decisión, en un acto de total responsabilidad, de solicitar a las autoridades de contralor las inspecciones de rigor correspondientes, tanto a Camuzzi Gas del Sur como a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, solicitando la inmediata clausura preventiva del edificio ubicado en Costanera y John O'Connor más conocido como ex-Pilmayquen y su anexo, velando para que se arribe a una solución definitiva en el menor lapso de tiempo posible a fin de no resentir aún más la prestación del servicio de Justicia", sostienen y agregan que así mismo se decidió solicitar recursos de amparo ante la falta de respuestas de las autoridades," tanto del Poder Judicial como de las instituciones que no acudan a cumplir con las obligaciones que les impone la Ley".

Consideran que se trata de un reclamo legítimo en el ejercicio de sus derechos, por lo que apelan a la comprensión de los justiciables que se verán afectados por esta situación.

"Sabemos que esto deteriora aún más la imágen de una Justicia claramente en crisis, con constantes cuestionamientos y falencias, que atribuímos exclusivamente a la pésima administración de justicia que imparten por no romper con los paradigmas que históricamente han caracterizado al más conservador de los poderes estatales y su estructura cuasi militar, el cual deberá hacer un vuelco rotundo en su accionar para conservar la institucionalidad, entendiendo de una vez por todas que la sociedad los esta mirando", expresaron a través de un comunicado.

Señalan que en la asamblea se coincidió en que "resulta imposible continuar trabajando en condiciones precarias que ponen en riesgo constantemente la integridad física y emocional de quienes a diario asistimos a realizar nuestras labores, como así también el riesgo cierto de accidentes o incendios para todos los que asisten para acceder al servicio de justicia".

Tomando de referencia el informe técnico elaborado por la Delegación de Trabajo en el mes de mayo de este año, el cual fue oportunamente elevado a la Gerencia Administrativa y entregado personalmente a los jueces en reunión mantenida con el tribunal de Superintendencia, "advertimos que la situación ha empeorado y que no se ha tomado en cuenta ninguna de las recomendaciones que constan en el mencionado informe".

Señalan que se observa una total falta de previsión para asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones, y cuando deben realizarse reparaciones de urgencia por roturas de caños de agua, instalaciones eléctricas, trabajos en altura por tendido de cables, etc., no se toma el menor recaudo para proteger la integridad física de los trabajadores ni de los justiciables.

A modo de ejemplo mencionan el episodio del viernes pasado, cuando ante la rotura de un caño en el segundo piso del edificio se produjo una perdida de agua que corría por las paredes e instalaciones eléctricas hacia los pisos inferiores, y a pesar de los insistentes pedidos de este gremio los jueces decidieron que se continúe trabajando en esas condiciones, incluso hasta media mañana del día martes sin agua en baños ni cocinas de todo el edificio. Episodios como este y otros más son recurrentes y vienen sucediendo desde hace años, resintiendo la estructura del edificio.

"Atribuimos el estado de abandono y desidia en que se ha caído a una política de mínimo gasto. En todas las oportunidades la gerencia administrativa a cargo de la Sra. Sandra Fernandez, nos ha informado que las reparaciones no pueden hacerse por personal especializado ya que tienen prohibición de contratar para dichas tareas. Como consecuencia, todos los trabajos de reparación y mantenimiento e incluso de construcciones, son realizados por solo TRES EMPLEADOS para toda la circunscripción, inclusive la obra en andamios para colocar un caño de aproximadamente veinte metros, sin los elementos de seguridad mínimos para dicha tarea, y sin un gasista matriculado que supervise el trabajo realizado para volver a poner en funcionamiento la caldera que abastece al anexo de calle 12 de octubre", expresan y denuncia públicamente que "la caldera que calefacciona a todo el edificio viejo se encuentra en estado crítico, no se le ha realizado ningún tipo de mantenimiento y la Gerencia Administrativa se ha negado sistemáticamente a cualquier tipo de inspección". Señalan además que hay matafuegos vencidos y que en el mismo estado de abandono se encuentra el ascensor y las escaleras que conducen a los juzgados ubicados en pisos superiores. "Falta de barandas y cintas antideslizantes, como así también la inexistencia de luces de emergencia y señalización adecuada para casos de emergencia, como podría suceder en un principio de incendio en cualquiera de las oficinas que se encuentran sobrecargadas con material combustible (expedientes, carpetas, pisos de madera, muebles, etc.) e instalaciones eléctricas totalmente precarias sin control ni mantenimiento. Dificilmente podrán encontrarse en las paredes un plan de evacuación, ya que no existe".

Desde el gremio manifiestan que "se ha llegado a tal extremo de desinterés por las condiciones de trabajo, que los jueces de superintendencia han decidido construir oficinas internas sin luz ni ventilación, las cuales no cuentan con la habilitación correspondiente, haciendo practicamente desaparecer a la Oficina de Atención a la Víctima que quedó reducida a dos boxes". A esto suman que se ha tomado "la decisión de trasladar el juzgado de instrucción Nº 4, con un plantel de seis empleados a una sola oficina, donde deben tomarse además las audiencias, con la consecuente sobrecarga de peso en la estructura sin cálculo previo, y poniendo en una extrema situación de hacinamiento a los trabajadores, que tienen que convivir además en la misma oficina con escritorios, estantes, expedientes y computadoras".

Reclaman por la falta de espacio físico para un poder judicial en constante crecimiento, la falta de previsión y mantenimiento y la falta de presupuesto destinado a esos fines, lo que ha llevado a esta "grave crisis edilicia la cual también se extiende a los demás organismos de la ciudad como ser Juzgado de Paz y oficina de Mandamientos y Notificaciones, entre otras".