Tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, en el cual confirma que el fiscal de la II Nominación de la Capital, Carlos Albaca, no reúne los aportes exigidos para acceder al beneficio previsional jubilatorio, por lo que la renuncia condicionada a su cargo es inválida, el legislador Alberto Colombres Garmendia indicó que, a inicios de esta semana, volverá a elevar el pedido de juicio político contra el fiscal (desde el PRO-Tucumán se elaboró la primer solicitud en tal sentido) por su mal desempeño en el marco de la causa por el asesinato de la joven Paulina Lebbos.

“Lamentablemente, todo el sistema político-judicial se ha prestado para llevar a cabo una verdadera farsa, montándose una escena absurda en torno al proceso de juzgamiento y destitución de jueces y fiscales, ya que con esta novedad de la Corte se confirman los trascendidos que daban cuenta de una suerte de limbo administrativo en el que se encontraba Albaca, con la anuencia y el guiño del Poder Ejecutivo tucumano”, sostuvo el macrista.

Es en este sentido que el parlamentario opositor cuestionó el actual procedimiento de jury de enjuiciamiento y recordó que meses atrás, desde el espacio que él representa en la Cámara, presentó un proyecto de ley que establece modificaciones a este sistema (leyes 8.198 y 8.199 que regulan, respectivamente, el procedimiento de juicio político y el de enjuiciamiento). En la iniciativa (que no fue considerada por la mayoría oficialista en las comisiones legislativas respectivas) se sostiene que “la clausura del proceso se producirá solamente en la medida que el acusado hubiere cesado efectivamente en sus funciones; en ninguna circunstancia se producirá el archivo o suspensión de las actuaciones mientras el acusado renunciante siga en ejercicio de su cargo”, enuncia la modificación planteada.

“Este cambio que hemos pedido en febrero pasado, hoy se torna imprescindible ya que, si se trataba y aprobaba en una sesión, el juicio contra Albaca hubiese continuado. Sin embargo, la anemia oficialista, vaya uno a saber con qué intereses por detrás, propició la paradoja que este fiscal severamente cuestionado haya sido apartado del proceso de destitución iniciado en su contra por haber presentado su renuncia; y, sin embargo, sigue en su funciones por haber atado la misma al efectivo otorgamiento del beneficio previsional solicitado. O sea, se encuentra en un inaudito vacío legal que incluso le otorga muchas más ventajas frente a otros funcionarios que deben pasar por el proceso de enjuiciamiento que puede llevar a cabo la Legislatura, lo cual resulta incomprensible”, indicó Colombres Garmendia.