Desde Fiscalía de Investigaciones Administrativas hasta el momento no hicieron declaraciones sobre qué tipo de intervención tuvieron en este tema, más aún porque la fiscalía penal desestimó las denuncias por falsificación de documento público y que lo que hubo era una falta administrativa.

En el caso de la Fiscalía de Estado, Osvaldo Simoni salió a explicar que "en este caso no tuvimos intervención alguna" y apuntó que "durante toda la gestión del gobernador Roy Nikisch y de Félix Zarabozo como presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), no daban intervención a la fiscalía porque eran aportes de tipo nacional. Esta cuestión comenzó a ser saneada a partir de la actual presidencia de José Valentín Benitez, que nos está dando intervención para que hagamos el control de legalidad".

Dejó claro que "no tenemos facultad para pedir intervención, salvo que haya una denuncia concreta, porque en este caso son gestiones administrativas. Hay que destacar que hubo una participación de fiscales del Tribunal de Cuentas. Ante opiniones del fiscal eso no genera la inmediata obligación de la intervención de Fiscalía de Estado porque la disposición o el acto administrativo en el cual nos solicitan la intervención, tiene que emanar del Tribunal de Cuentas que es un cuerpo colegiado".

Simoni dijo que "en este tema debió intervenir Fiscalía de Investigaciones Administrativas, siempre y cuando el fiscal de la cuenta hubiera hecho una denuncia formal como fue la que hizo John Paris en el tema de las tierras, donde allí intervino e hizo denuncias".

Por otra parte el fiscal de Estado dijo que en este caso "no está acreditado la existencia de un daño al patrimonio de la provincia. En este caso específico no habría habido perjuicio patrimonial, tanto es así que ni bien asumió el gobernador Jorge Capitanich se dictó un instrumento legal con el que de alguna manera se regularizó esa situación de los anticipos que habían sido otorgados".

"La cuestión es bastante compleja, porque independientemente de que se haya iniciado o no la obra, ahí operan obligaciones por parte de los contratistas de pagar impuestos, IVA, no es que realmente se le da un destino distinto al dinero", indicó.

La causa

La denuncia de irregularidad fue porque el Instituto pagó a un grupo de empresas anticipos por un total de más de 8 millones de pesos, pese a que los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones efectuadas oportunamente prohibían expresamente la opción de pagar adelantos. Pero lo más sorprendente era que ese dinero se anticipó para obras que estaban sin iniciarse y que en algunos casos ni siquiera tenían terreno asignado.

El Tribunal de Cuentas hizo una investigación y el caso llegó a la justicia pero en diciembre pasado la Fiscalía Penal 5 dictaminó que la causa debe considerarse "extinguida por prescripción", es decir, que debe ser archivada porque transcurrió más tiempo que el que hubiera permitido sancionar a los responsables de los delitos denunciados.