Desde los bloques de concejales de la UCR y del GEN criticaron duramente la decisión del intendente Pulti de promulgar la ordenanza para contratar 65 cámaras de seguridad a un costo cercano a los $ 6 millones y vetar parcialmente otra norma que restringía el acceso a las imágenes capturadas por los dispositivos. “Es un proceso que estuvo viciado desde el principio”, indicaron.
Tal como anticipó 0223.com.ar, el intendente Pulti promulgó la ordenanza por la cual se adjudica la controvertida licitación pública 17/09 denominada “Sistema de video vigilancia urbana dentro del ejido urbano del Partido de General Pueyrredon y su mantenimiento destinado a la protección de personas y bienes en el espacio público” a la firma “Global View SA” por un costo de casi 6 millones de pesos.
Asimismo, el Jefe Comunal realizó, a través del decreto Nº 2361, un veto parcial de la Ordenanza 14301. Se trata concretamente del artículo 2º de la señalada norma que determinaba que cualquier material susceptible de ser visto u oído con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad requiriendo por terceros, sólo debía ser entregada a la Justicia o a quien ésta indicara mediante Orden del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal.
En tanto, acorralado por las denuncias de presuntos sobreprecios, Pulti decidió condicionar la adjudicación a que se acredite “debidamente” que el monto de la contratación se encuentre dentro del promedio de los precios determinados en los diferentes Municipios de la Provincia de Buenos Aires que hayan contratado un sistema de las mismas características de la firma de Montoto y Hadad, el cual operará como valor límite. Además, se le solicitó al Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, un informe.
“ES UN PROCEDIMIENTO ABSOLUTAMENTE IRREGULAR”
Al respecto, el concejal del GEN, Guillermo Schütrumpf, manifestó este lunes que “estamos frente a un proceso que estuvo viciado desde el comienzo”, tras lo cual cuestionó el hecho de que “Pulti haya promulgado una ordenanza que especifica plazos y costos, pero después dice que va a consultar al ministro Casal si está bien el precio”.
“Si dijéramos que va a vetar la parte del precio para buscar mejores costos, es una cosa, pero está vetando solamente un artículo que dice de quién va a ser la propiedad de las imágenes”, cuestionó.
Sin embargo, opinó en diálogo con este vespertino digital que “hablar únicamente de la propiedad de las imágenes cuando se trata el tema de las cámaras, es distraernos del verdadero tema, que es el costo de las cámaras”.
“LO QUE FIRMÓ EL INTENDENTE PULTI ES UN ENGRENDRO”
Por su parte, la presidenta de la bancada radical, Vilma Baragiola, reflexionó que “esta gestión, con el intendente Pulti a la cabeza, se lleva puesto todo y después termina reculando en chancletas y es jodido recular en chancletas”.
Y remarcó que “cuando hablábamos de que no teníamos informes del Contador ni de los costos, cuando decíamos que no teníamos comparativo respecto del servicio que presta la misma empresa en otros lugares o planteábamos el manejo de las imágenes; no era porque estábamos en contra de la instalación de las cámaras en Mar del Plata, sino que veíamos bastante turbia la presentación y tan equivocados no estábamos”.
A su vez, en referencia a la bendición del ministro Casal que busca Pulti, la legisladora opinó que “tratan de hacer lo que tendrían que haber hecho desde un principio”.
“Primero promulgó la ordenanza y después vetó parcialmente otra ordenanza donde se restringía a la Justicia la entrega de las imágenes, es decir, liberó el uso de las imágenes y cualquiera puede utilizarlas a gusto y piacere, lo cual es muy peligroso. A la larga, el Intendente firmó un engrendro”, sintetizó.
Por otra parte, Baragiola adelantó que presentó un proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo que informe cuál fue el destino que se le dio a los 20 patrulleros adquiridos por la municipalidad a comienzos de agosto con fondos provenientes del gobierno nacional, en el marco del Programa de Protección Ciudadana.
Entre los fundamentos de su presentación, la edil advirtió que “no ha habido difusión respecto de a qué comisarías o dependencias policiales han sido destinados los mismo” ni tampoco “ha habido un cambios notable en cuanto a la presencia de móviles policiales en las calles de la ciudad”.
Y aseveró: “Dicho desconocimiento genera dudas respecto del adecuado uso de dichos móviles”



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