Aunque se venció el plazo para cumplir con el desalojo, todavía están usurpadas las viviendas; anoche, el juez Armella reiteró la medida; nuevas acusaciones de Macri
Luego del cruce de acusaciones entre los gobiernos nacional y porteño, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a través de una resolución, instó ayer a que el Ministerio de Seguridad de la Nación cumpliera con su orden de realizar las acciones necesarias para desocupar las viviendas.
Estos inmuebles estaban destinados a los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo que debían ser relocalizados, según establecen las tareas de saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
La situación en el predio de Villa Soldati era la misma que los días anteriores: el complejo de viviendas sociales seguía tomado por unas 150 personas, rodeado de un fuerte personal de las policías Metropolitana y Federal.
Más cruces. El jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a encender el enfrentamiento con el Gobierno al reiterar sus críticas a la administración de Cristina Fernández por no involucrarse en la toma de los edificios de Flores.
Macri aseguró que el poder central decidió "renunciar a la obligación que tiene para hacer cumplir la ley". "El Gobierno está perjudicando a cientos de familias que hicieron todos los trámites como corresponde legalmente y tienen que mudarse a esas viviendas", apuntó el jefe comunal.
Por su parte, el candidato a gobernador bonaerense por el Peronismo Federal Francisco de Narváez se metió en la disputa y acusó hoy al Ejecutivo nacional de no cooperar en el desalojo con el solo fin de "joder" electoralmente a Macri.
"Ellos están dispuestos a llevar adelante una política electoral determinada: '¿Qué me conviene hacer para las elecciones? ¿Joderlo a Macri o cumplir la ley? Joderlo a Macri, entonces no cumplamos la ley'", fustigó.



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