Por Victoria DondaDiputada nacional. Hija de desaparecidos
Los organismos de derechos humanos deberían ser autónomos del Gobierno, pero lamentablemente esto no es así. Creo que no deben adherir a ningún poder de turno porque su función principal debería ser el de controlar que no se violen los derechos humanos de la población, el de verificar que se lleven adelante los juicios a los genocidas, el de ser observadores de las acciones del Estado en el tema.
No podemos seguir hablando de los derechos humanos sólo cuando hablamos de lo que sucedió hace 30 años, porque hoy se siguen violando muchos de esos derechos, se siguen cometiendo crímenes y sigue la impunidad en muchos sentidos. Y este Gobierno tiene muchas responsabilidades a causa de su inacción en muchos temas, o por tolerar la complicidad de algunos estamentos del Estado.
Un ejemplo de esto es el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Es un organismo que tiene a su cargo la realización de juicios políticos a jueces que no cumplen bien con su función. Pero, sin embargo, sus miembros evitaron por todos los medios juzgar a muchos jueces que trataron de impedir que se llevaran adelante los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad en tiempo y forma.
Otro punto es que, si bien, es muy importante juzgar y condenar a los genocidas que ejecutaron esos crímenes, no alcanza. Es necesario avanzar sobre quienes planificaron el genocidio, sobre los responsables primeros que aún no han sido puestos en el banquillo de los acusados. Es necesario entender que los desaparecidos fueron sólo una consecuencia de un plan sistemático que abarcó mucho más. Ellos necesitaron llevar adelante la masacre para consolidar un plan que fue fundamentalmente económico.
Pero, esa justicia hoy no llega porque los responsables ideológicos del golpe aún están en el poder. Y quienes tienen ostentan el poder político les deben muchas cosas.

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