El gremio solicitó la remoción “conforme al procedimiento previsto en el Ley 3412” y los acusan de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, de atentar contra el sistema republicano, el orden democrático y cláusula ética, previstos en la Constitución Provincial y en la Ley 5428, de faltar al cumplimiento de los deberes a su cargo.

También los acusan de negligencia e impericia en el ejercicio de sus funciones, de haber cometido o ser cómplices del delito de falsedad ideológica, de incumplimiento de la obligación genérica de denunciar, de práctica desleal y de defraudar la voluntad y las esperanzas del pueblo del Chaco.

“Todo ello, fundamentado en hechos concretos y la documentación respaldatoria, contenidas en la presentación de pedido de juicio político para el ministro de Economía Eduardo Aguilar, de fecha 4 de julio, y de otras más específicas agregadas en esta instancia, demostrativas del desempeño arbitrario de las autoridades de la ATP, empecinada en satisfacer apetitos personales propios y/o de amigos y/o de familiares de funcionarios de turno, de dirigentes de la UPCP y del personal directivo del organismo, abusando del Estado provincial y violando elementales normas legales vigentes en materia de administración de recursos humanos”, argumentó el secretario general del gremio, Ricardo Sánchez.

“Somos conscientes que nuestros cuestionamientos a los titulares de la cartera de economía y de la ATP tienen como contracara los resultados records de recaudación de impuestos provinciales, que mes a mes en conferencia de prensa anuncia el Gobernador de la Provincia, enfatizando sobre la eficacia de nuestro Organismo, aunque todos sabemos que ello no implica que desde la ATP verdaderamente se combata la evasión fiscal”, dijo.

“Como consumidores de bienes y servicios, diariamente palpamos la evasión fiscal reinante, cuando no nos extienden facturas de pago o nos entregan comprobantes que rezan “presupuesto”, o a veces nos enteramos por los medios, como la mega estafa al Anses, por parte de “empresas chaqueñas” que declararon ante la Afip ser empleadores de 20 hasta 50 trabajadores”, manifestó.

“Según las distintas publicaciones, en estas maniobras fraudulentas contra el Anses eran vox populi en distintas localidades del interior provincial. Nos resulta llamativo que un hecho con estas características haya pasado desapercibido a la ATP, que tiene a su cargo la percepción del impuesto Fondo de Salud Pública que deben pagar los trabajadores con relación de dependencia designando al efecto a la patronal Agente de Retención, la aplicación del Régimen de Incentivos Fiscales establecido por la Ley 6093, tendiente a la promoción del empleo formal, la inversión productiva y el buen cumplimiento fiscal, y que se jacta del cruzamiento de información con la AFIP. Sería interesante contar con un listado de dichas “empresas chaqueñas” para verificar su situación ante el fisco provincial”, denunció.

“De todas maneras, la regla general no debe ser la excepción; los funcionarios públicos tienen la obligación de ser eficientes. Los mejores resultados de la recaudación no justifican las “artimañas” de las autoridades de la ATP”, dijo.

“Hasta el hartazgo y en vano, por sucesivas notas llamamos a la reflexión a las máximas autoridades del gobierno provincial, haciendo críticas, demandas y propuestas gremiales, todo dentro del marco lógico establecido, por las Constituciones, Leyes, Decretos, por la doctrina de la ética y por el sentido de la cultura que en frecuentes discursos trasmite el gobernador Jorge Capitanich a los ciudadanos, sobre calidad institucional, transparencia en la función pública, derechos sociales y laborales, sobre la importancia del diálogo, la paz social”, añadió.

“La ATP está transitando un trascendental momento. Se está definiendo y se tiene que profundizar el recambio generacional de sus trabajadores con la incorporación de personas jóvenes que durante décadas van a incidir en el destino de nuestro Organismo; entonces debemos procurar tener la mayor certeza de que los que sean seleccionados en lo posible sean los mejores desde el punto de vista de la instrucción formal, pero fundamentalmente contemplar el aspecto cultural”, señaló.

“Entendiendo que la cultura es una producción colectiva de un universo de significados con constante modificaciones trasmitidas por generaciones, por lo que sucediendo que en la ATP, consideramos que se está inculcando que las prácticas desleales son aceptables como medio para realizarse individualmente”, manifestó.

“Nuestra experiencia nos hace acordar al personaje de historieta “Dr. Cureta”, de la revista “Humor” que apareció en 1978; se trataba de un médico sin ningún tipo de escrúpulos que desarrollaba todo tipos de artimañas para lucrar con su clínica, a costa de los sufridos pacientes. Estaba más interesado en el dinero que en la medicina. Pero el descontento de los empleados y algún funcionario difícil de corromper, siempre lo ponían en aprietos”, finalizó.