Y advirtió que se podrían haber cometido delitos al no respetar la normativa vigente lo que podrían producir desvíos en las contrataciones. De hecho, hasta los proveedores admitieron que el procedimiento administrativo se vulneraba porque había "confianza" con los empleados de la cartera (ver recuadro). Por este caso, fue separada la jefe de Despacho.

Así lo estableció un informe de auditoría al que tuvo acceso LA ARENA, y que había sido pedido por la misma ministra Jacqueline Evangelista. Se inició el 11 de septiembre y las conclusiones se dieron a conocer el pasado 6 de noviembre. En el marco de la investigación, y como medida cautelar, mediante la resolución 1299/13, se separó de su cargo el 23 de agosto a la jefa de Despacho, Graciela Rosalía Benéitez. Una mujer con ese mismo nombre trabajó como empleada de categoría 1 en la Secretaría General de la Gobernación y se jubiló el año pasado.

Responsabilidades.

El TdeC advirtió que luego de la indagación en la documentación de las compras directas del ministerio y la subsecretaría "los hallazgos advertidos en la presente auditoría evidencian que existen desviaciones en el procedimiento de adquisiciones y/o recepciones de bienes y/o servicios mediante la modalidad de contratación Compra Directa".

"Las desviaciones detectadas -continuaron las conclusiones- afectan todo el procedimiento de contratación mencionado, y en tanto las mismas no se atribuyan a personas determinadas, involucra la responsabilidad de los agentes intervinientes e inclusive, de los proveedores".

Sobre las irregularidades detectadas, el TdeC advirtió que "no sólo vulneran la normativa vigente y afectan los principios sobre los que se fundamentan las contrataciones del Estado, sino que pueden devenir en hechos o circunstancias más graves, que excedan la responsabilidad administrativa contable y disciplinaria". O sea, pueden considerarse hechos delictivos y tener una responsabilidad penal.

Y se recomendó "dar cabal cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones" porque su incumplimiento puede generar "un inadecuado, y hasta prohibido, uso de los recursos del Estado".

Pedido de la ministra.

El Tribunal inició a pedido de Evangelista la auditoría para determinar el grado de cumplimiento de la normativa sobre adquisiciones y recepciones de bienes y servicios efectuadas por parte de el ministerio y la Subsecretaría de Educación, cuya titular es Mónica Edith Dell' Acqua, mediante la modalidad de contratación "compra directa". Se hizo un relevamiento de los registros en las oficinas de la cartera, entrevistas con dos empleadas y también se habló con los proveedores. Asimismo, el ministerio requirió a los comercios un listado de los bienes adquiridos. Las compras directas, bajo la lupa, fueron realizadas entre 2012 y septiembre de 2013.

Desvíos.

¿Qué se halló? El TdeC indicó en la auditoría que entre los desvíos detectados había copias triplicadas y cuadruplicadas de las órdenes de compra directa cuando el primero debe quedar en manos del proveedor. No constaban en las copias la firma y sello de la autoridad competente y la firma y aclaración de la persona que recibió los artículos facturados. Estos dos requisitos son necesarios para proceder al pago, que se hacía.

Además en las órdenes de provisión del ministerio se observa que no guarda correlación la numeración preimpresa de los formularios con respecto a las fechas de emisión de los mismos, y en todos los casos la fecha de emisión de la orden coincide con la fecha de emisión de la factura por parte del proveedor.

El Tribunal precisó: "Ello puede generar que se adquieran o contraten bienes y servicios sin contar con el crédito suficiente en la partida presupuestaria correspondiente, o que se realice una compra sin la previa autorización del funcionario interviniente".

En otras oportunidades, los triplicados no eran copia del original o los nombres escritos en los campos del proveedor no coincidían. Además, se confeccionaba una factura posterior por varios remitos previos y se emitía una sola factura por "productos varios".

Además se adquirieron bienes y servicios para vehículos en los que no se especificaba el móvil afectado. Un ejemplo fueron la compra de cuatro cubiertas por 11.900 pesos y su alineación en otro comercio. En los instructivos se determina que "la clara indicación del destino de los bienes y servicios evita posibles desvíos en las contrataciones, en lo que respecta a que el bien que se recibe o el servicio que se contrata, se afecte estrictamente al destino por el cual fue autorizado".

¿Quién lo hizo?

En la Subsecretaría de Educación hubo órdenes de provisión en las que no estaba registrada la fecha de confección y no constaba el destino del bien adquirido, si bien se determinó luego que una cámara digital fue al JIN 13 de Miguel Riglos.

En otras compras, sobre todo a comercios de alimentos, había órdenes de provisión que estaban anuladas, pero la factura figuraba como pagada en los registros del proveedor, como sucedió en Gabi And. Otras autorizaciones no figuran en el sistema, aunque también habían sido abonadas.

El TdeC precisó que hubo "facturas que fueron pagadas al proveedor. Sin embargo, ese pago no fue realizado por la Habilitación de Cultura y Educación de Contaduría General de la Provincia. Si los registros del proveedor fueran correctos, y el Estado no abonó dichas facturas, la pregunta que surge es quién lo hizo y en calidad de qué. La averiguación de estas circunstancias excede los alcances de esta auditoría".

Lo mismo ocurrió con otra compra por 8.155 pesos en Rivera Computadoras, en la que se anularon órdenes, pero se pagaron las facturas.

También en la subsecretaría el TdeC constató que se adquirieron bienes y servicios para vehículos, pero tampoco se detalló el rodado afectado, la fecha de recepción de los artículos facturados y no hubo firma y aclaración de quien los recibió de conformidad.

Sappa: "En dos semanas"

Si bien las conclusiones de la auditoría realizada en el Ministerio de Educación ya se conocen, el presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, afirmó ayer -ante una consulta de este diario- que recién estarían dentro de dos semanas. "Se trata de un tema que nos preocupa demasiado y la idea del tribunal el año que viene disponer auditorías en todos los sectores de la administración pública. Es necesario que salgamos a verificar cada lugar y no ser solamente receptores de la documentación", comentó. El funcionario dijo que para avanzar sobre esto buscará la sanción de una ley provincial.

Una cuestión "de confianza"

Los integrantes del Tribunal de Cuentas se entrevistaron también con algunos proveedores para determinar cómo era el mecanismo de adquisición de bienes y servicios ante los desvíos en las contrataciones. En cada lugar se habló con la persona que tuviera intervención en las compras directas con el Estado Provincial, ya sea en calidad de dueño, encargado, administrativo o gerente.

*En el informe de auditoría surge el nivel de confianza y de informalidad que había, y hay, en las compras directas. El Tribunal indicó que "la persona o personas que realizan las contrataciones tanto en nombre del Ministerio de Cultura y Educación como de la Subsecretaría de Educación no se identifican de ninguna manera ante los proveedores. Estos coinciden en que conocen a dichas personas porque hace años que van, que se conocen de hace mucho tiempo, que 'siempre vienen las mismas personas'".

*No siempre se solicita presupuesto previo a la contratación, ni se entrega ningún documento cuando se formaliza la contratación.

*"La mercadería es entregada, por lo general, en el mismo comercio a la persona que realiza la contratación en nombre del Estado. El proveedor no recibe constancia alguna de dicha entrega, y los entrevistados refieren que lo hacen 'en confianza'".

*El proveedor Gabi And manifestó "vienen, cargan el carro y se confecciona el remito", cuyo original se lo lleva quien realiza la compra y el duplicado, firmado, le queda al proveedor. La factura se emite cuando le avisan que "ya tienen fondos para pagar" (por el Estado). Una vez realizada la factura, el duplicado del remito es destruido.

*Sobre si los artículos entregados coinciden con los facturados, todos los proveedores contestaron afirmativamente. Un supermercado contestó "La verdad, no. A veces sí".