Los seis detenidos por supuesto lavado de dinero, producto de la venta de cocaína desde el Chaco a España, y por posible contrabando se encuentran en Sáenz Peña a la espera de ser indagados por la justicia federal de Primera Instancia de esta ciudad, en momentos en que existe revuelo nacional ante la amenaza de muerte que sufriera la jueza federal Zunilda Niremperger y que investiga el juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo.
Los detenidos son siete personas, de las cuales dos son abogados. Además, se secuestró, entre otras cosas, diversa documentación en distintos formatos, computadoras, dinero en efectivo, joyas, relojes, obras de arte, armas de fuego en situación irregular y en el domicilio de uno de los contadores se hallaron cien mil dólares. Estos elementos serán incorporados a la causa para su posterior análisis.
El operativo estuvo a cargo del fiscal general Carlos Gonella (titular de la Procelac) y el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Sansserri. Esta causa es un desprendimiento de una mayor, en la que se había logrado desbaratar a una organización narcocriminal que transportaba clorhidrato de cocaína a Europa.
Silvia Valle, la mujer del principal imputado en la causa Carbón Blanco y sospechado de haber planeada mandar a asesinar a la jueza Niremperger estaría detenida en el Escuadrón 1 de Sáenz Peña y el resto en la Unidad Penal 11 de esta ciudad, en tanto se supo que hay dos prófugos.
El juez Lijo ordenó reforzar la custodia
El juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo, ordenó reforzar la custodia de la jueza federal Niremperger y de su familia, que fuera amenazada de muerte por un presunto narcolavador, en tanto que la Procelac del Ministerio Público Fiscal acompañó la medida del magistrado de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El refuerzo de la custodia se llevó a cabo a partir de lo ordenado por el juez Lijo mientras se sigue la pista de las amenazas denuncias por la Policia de Seguridad Aeroportuaria -PSA- que por orden del magistrado realizaron un allanamiento en el domicilio del abogado Carlos Salvatore, a quien se le adjudica la autoría de la amenaza.
La amenaza fue comprobada por la Policia de Seguriad Aeroportuaria en el marco de las tareas investigativas que el Juzgado le encomendó, por lo que el hecho fue inmediatamente denunciado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del doctor Ariel Lijo, en turno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e interviene como representante del Ministerio Público Fiscal el doctor Diego Iglesias, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10.
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