La sesión de hoy de la Legislatura bonaerense, en la que se recordará la dictadura cívico-militar que comenzó con un golpe de Estado el 24 de Marzo de 1976, tendrá como tema central uno que, paradójicamente, recuerda a las prácticas de aquella dictadura, pero ocurridas mucho después, en democracia: el armado de una mesa judicial dedicada a perseguir a sindicalistas durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Es que los senadores provinciales tratarán la suspensión de la inmunidad de Juan Pablo Allan, miembro de ese cuerpo, que está imputado por haber participado de la ya célebre reunión de lo que se conoce informalmente como Gestapo antisindical, en junio de 2017, en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro).

Allan tenía que presentarse a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal platense que tiene a su cargo la causa, el lunes pasado. Pero, amparado en la inmunidad que le otorga su condición de senador, no se presentó. La semana pasada naufragó un intento de quitarle esa protección en una sesión legislativa; y hoy tendrá lugar un nuevo intento en procura de que Allan sea indagado por el juez Ernesto Kreplak.

Inmune

Tal como informara diario Hoy en su edición del 12 de marzo, les corresponde a los pares de Allan en la Cámara alta habilitar la posibilidad de que sea sometido a indagatoria. Los números no parecen abonar esa alternativa, ya que la mitad de los senadores revistan en Juntos y la otra mitad en el Frente de Todos (FdT), pero para quitarle la inmunidad se necesitan dos tercios de los legisladores presentes en la sesión. Y desde el bloque de Juntos optarían por entorpecer la investigación, en lugar de permitir que Allan declare.

La titular del bloque del FdT, Teresa García, explicó a este multimedio que como la Provincia no tiene una Ley de Fueros similar a la que existe para los legisladores nacionales, el tema es complejo, y Allan no podría presentarse a de­clarar por propia voluntad, porque la inmunidad pertenece al Senado en su conjunto. Entonces, es la Cámara alta la que debe autorizarlo (ver nota publicada ayer).

Un hombre clave de Bullrich

Allan quedó en la mira durante los primeros días de la investigación, ya que el magistrado ordenó un allanamiento en la oficina que tiene en la Legislatura. En el requerimiento de llamado a indagatoria, presentado por el gremialista Juan Pablo Medina, a través de su abogado César Albarracín, se detallaron elementos que lo vincularían al accionar de la Gestapo, además de su participación en la reunión en el Bapro, en la que el entonces ministro de Trabajo del gabinete de Vidal, Marcelo Villegas, instruyó a empresarios platenses sobre la forma de armar causas judiciales contra sindicalistas. Medina, a la sazón titular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), fue apresado meses más tarde por una denuncia que seguía ese modelo.

Entre los elementos detallados figura la presencia de Allan en “casi todos los encuentros del ministro Villegas sobre Uocra La Plata” y “múltiples llamadas en­trantes y salientes” con otros participantes de la mesa judicial. Pero, además, se sugiere que su papel en aquel armado está relacionado con su cargo en el Consejo de la Magistratura, desde donde apuntó contra jueces que le resultaban antipáticos a Vidal, como el actual concejal platense Luis Arias.

Pero hay otro dato relevante: Allan es un hombre fiel a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y uno de los armadores de su estrategia en la Provincia. Bullrich estuvo presente en la reunión que disparó la Gestapo, en la Casa Rosada. Allí, el entonces presidente Mauricio Macri dejó claro que la persecución a sindicalistas sería comandada por Gustavo Arribas, que era titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que está imputado en causas por espionaje ilegal durante el macrismo.