Luego de quedar estancada en un laberinto de interpretaciones jurídicas cruzadas en la Cámara de Diputados, el futuro de la ley de reforma política queda en manos, ahora, del Senado. Será esa Cámara la que deberá resolver si acepta o no los vetos parciales que, en diciembre pasado, impuso la presidenta Cristina de Kirchner y que, en mayor medida, afectan a los partidos políticos minoritarios.

La ley de reforma política, aprobada el año pasado, fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo en dos artículos clave, el 107 y el 108, al eliminar así el plazo de dos años que el Congreso había establecido para que los partidos políticos se adaptaran a los requisitos contenidos en la norma. Entre éstos, está el número de afiliados que deben reunir para obtener el reconocimiento definitivo de la Justicia. La ley postergaba hasta 2012 -es decir, después de las elecciones presidenciales- el cumplimiento de estos requisitos, lo que les daba cierto oxígeno a los partidos políticos en formación.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición intentó rechazar los vetos. A la ofensiva se sumaron, incluso, bloques aliados al Gobierno, como Nuevo Encuentro, presidido por el diputado Martín Sabbatella. Después de más de un intenso debate, finalmente la oposición se impuso por 142 votos a 95 oficialistas. Para la oposición, el objetivo estaba cumplido, pero el kirchnerismo advirtió que se necesitaban los dos tercios de los votos, ya que ésa es la mayoría que exige la Constitución Nacional para que el Congreso pueda rechazar un veto presidencial e insistir en la ley original.

Sin embargo, para la oposición basta la mayoría simple de votos, ya que no se trata de un veto total, sino de la promulgación parcial de una ley. Los opositores consideraron que como los vetos parciales atentaban contra el espíritu de la ley de reforma política, el Poder Ejecutivo violaba el artículo 80 de la Constitución Nacional. Así lo reflejaron en el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en diciembre pasado, el cual, aducen, no requiere de una mayoría agravada para su aprobación.

"La ley difería hasta diciembre de 2011 el cumplimiento de las exigencias a los partidos políticos; ése fue el acuerdo político al que arribaron oficialismo y oposición en el Congreso; por lo tanto, forma parte del espíritu de la norma. El Poder Ejecutivo, al vetar esos artículos, violó el espíritu de la ley; por lo tanto, no cumplió con los requisitos que plantea el artículo 80 de la Constitución Nacional para vetar parcialmente una ley", argumentó la diputada Marcela Rodríguez.

El oficialismo, en la voz del diputado Jorge Yoma, rechazó los argumentos opositores. "Lo que está en consideración del Congreso son los artículos observados, y para que el Congreso pueda hacer valer su mayoría con la insistencia, requiere los dos tercios, si no, queda confirmado el veto parcial."

Después de horas de intensa discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Eduardo Fellner, impuso el criterio de la votación: dos tercios de los votos. La oposición, en la voz de Elisa Carrió (Coalición Cívica), enfatizó que Fellner no tenía la autoridad para definir esta situación y amenazó con acudir a la Justicia.

La votación arrojó una diferencia favorable a la oposición, pero el problema no quedó resuelto. Será el Senado, ahora, el que definirá el futuro de la ley.