La famosa, oscura y misteriosa SIDE es –salvando las distancias tan grandes como los miles de kilómetros que nos separan– lo que la CIA es a los Estados Unidos. Es el servicio de inteligencia del Estado nacional, pero desde hace unos años ya no se llama así como indica su sigla: ahora se la denomina SI (Secretaría de Inteligencia), así a secas, aunque en la calle siempre la señalaron como “los servicios”. Estos son los que están hoy por hoy en el centro de las sospechas por la enigmática muerte del fiscal federal del caso AMIA, Alberto Nisman.

Fue encontrado sin vida el domingo 18 en su departamento de Puerto Madero horas antes de presentar en el Congreso los argumentos de su denuncia contra la Presidenta por encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la mutual judía, que lleva ya 20 años sin resolverse.

La SI no es una repartición de corte informal, al margen de la ley, integrada por siete locos. Al contrario, la SI, antes y ahora, ha sido y es un organismo del Estado nacional creado y regulado por una ley que dispone detalladamente sus fines, objetivos, qué es lo que puede hacer y qué no, que depende y reporta directamente a la Presidencia de la Nación.

En Mendoza, funciona hace décadas en su edificio propio, ubicado en calle Montevideo, en Ciudad.

Desde allí, la sede local de la SI se encarga de lo que ocurra en todo Cuyo y La Rioja. Sus tareas están fuera de las urgencias del ámbito local y no se mezclan en lo absoluto en temas de inseguridad y narcotráfico salvo que haya alguna solicitud específica. Entre otras cosas, tiene el control monopólico operativo de las escuchas telefónicas, que se inician a pedido de la Justicia.

“Democratizar” el organismo

El lunes, cuando se refirió al caso Nisman, el gobernador Francisco Pérez les apuntó directamente a los servicios y habló de la necesidad de democratizar la Secretaría de Inteligencia: “Tenemos que democratizar este organismo. Son trabajadores del Estado, administran recursos desde 1983. Creo que es la gran asignatura pendiente de la Argentina. Si algo ha demostrado el hecho de ayer (la muerte de Nisman) es la fragilidad de nuestra democracia”.

El mandatario debe haberse referido con su reflexión a la operatividad real de la SI porque lo cierto es que la ley nacional 25.520, sancionada en el 2001 que modificó una norma anterior, profundizó la democratización del aparato de la Inteligencia del Estado nacional.

A tal punto lo hizo el Congreso de la Nación, que la ley vigente exige para intervenir una línea telefónica con fines de espionaje que la SI pida autorización al juez federal. 

Además, con la nueva ley se creó un control legislativo: es la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, integrada por siete diputados y senadores nacionales que tiene facultades para pedir informes de todo tipo y auditar el correcto funcionamiento de la Secretaría.

¿Control legislativo?

La creación de esta comisión fue un acierto porque, según comentó un destacado penalista mendocino a Diario UNO, “todos los países han tenido problemas con sus servicios de inteligencia y el modo que encontraron para controlarlos fue a través de una comisión legislativa integrada por todas las fuerzas políticas”.

Así lo dispone la ley en el caso de la SI a partir de su artículo 31, pero en los hechos, la bicameral prácticamente no funciona. La integran ocho legisladores del kirchnerismo que tienen mayoría absoluta, cinco de la UCR, uno del PRO y uno del peronismo disidente.

La norma exige, además, que salvo el jefe máximo y el Nº2 del organismo, la identidad del resto de los componentes de la SI es secreta y tienen prohibido revelar que son agentes de Inteligencia, por lo que en caso de verse obligados a indicar en qué sector del Estado prestan servicios, la ley los habilita para decir que son personal de Presidencia de la Nación.

Ante todo lo que se viene escuchando, a cerca de que la muerte del fiscal Nisman podría ser producto de una interna en los servicios de inteligencia mientras el Gobierno se despega de la SI, la ley deja en claro que la Presidenta y la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación son los responsables directos del correcto accionar de la Secretaría de Inteligencia.