El director de Minería bonaerense, el olavarriense Sebastián Pené, imputado de administración fraudulenta y falso balance en una causa elevada recientemente a juicio oral, está obligatoriamente de licencia y sin goce de sueldo hasta que se resuelva su situación judicial, confirmaron anoche fuentes de la cartera de Producción.

Aunque los voceros indicaron que esta situación viene de la semana pasada, circulaban fuertes versiones que la medida había sido adoptada por el ministro de la Producción, Martín Ferré, en las últimas horas de la tarde de ayer.

"La semana pasada el Ministro le solicitó a Sebastián Pené que se tomara licencia sin goce de sueldo hasta que la Justicia determine su situación", señaló un vocero oficioso desde La Plata.

También subrayó que "cuando Pené asumió como director de Minería provincial no tenía ningún proceso en su contra", destacando además que contra el funcionario no pesa ninguna acusación que tenga que ver "con la gestión pública es un problema del sector privado", en referencia a las denuncias contra Pené por su gestión en la firma Tamberos Unidos.

En el convulsionado marco político actual, a un año de elecciones que definirán muchas cosas en el futuro del país y la Provincia, un funcionario con un proceso judicial encima es un blanco fácil para la oposición y eso puede haber decidido la suerte de Pené, al menos momentáneamente.

Como la Justicia tiene sus propios tiempos, nadie sabe cuánto tiempo puede pasar hasta que el proceso contra Sebastián Pené y otro de sus socios tenga finalmente una decisión. Eso podría llevar incluso a que cuando exista un veredicto en el juicio, ya haya concluido la gestión de Daniel Scioli o el ministro Martín Ferré.

Lo concreto hasta ahora es que la carrera de funcionario público de Sebastián Pené ha quedado provisoriamente interrumpida por una historia que incluyó hasta un escándalo público. Julio González, el ex socio de Pené en Tamberos Unidos, lo agredió físicamente en la puerta del Palacio San Martín y luego rechazó cualquier posibilidad de que la causa por ese ataque no fuera a juicio oral.

Su intención era utilizar el banquillo de acusados como tribuna desde la cual exponer todas las razones por las cuales denunciaba a Pené. Obtener ese foro le costó una condena de un mes y quince días de prisión en suspenso, aplicada por la jueza en lo Correccional Cecilia Desiata.

En muchas ocasiones González se quejó de que la causa judicial no se diligenciaba con la celeridad que él consideraba adecuada para la magnitud de las acusaciones que formulaba.

Pero buena parte de su objetivo quedó cumplido cuando el juez de Garantías Carlos Villamarín resolvió el rechazo del recurso presentado por la defensa del Director de Minería y elevó la causa a juicio oral. El magistrado tomó esta decisión en contra de Pené y de Nelson Reinaldo Masson, el otro imputado "por suponerlos probablemente coautores del delito de administración fraudulenta y balance falso".

Tamberos Unidos comenzó sus actividades a fines de 2002, cuando todavía no habían dejado de soplar los malos vientos de la peor crisis económica que sufriera el país en su historia. Era una cooperativa de tamberos que en 2003 ya había conseguido vender leche en sachets y que aspiraba a quedarse con el abastecimiento al Plan Vida, un plan de ayuda social que implicaba la distribución de 2.000 litros de leche por día.

Pené y González eran algunos de los socios de Tamberos Unidos, pero la relación se cortó abruptamente y comenzó la parte conflictiva de la historia. Cuando el desaparecido intendente Helios Eseverri nombró a Pené en la cartera de Desarrollo Local de la Municipalidad, González comenzó a hacer pública la situación por todos los medios a su alcance, incluyendo carteles anónimos pegados en las cercanías del Palacio San Martín