El penal Cordillera tiene 10 presos por violación de derechos humanos, entre ellos el general retirado Manuel Contreras, quien fue jefe de la policía secreta de la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

El otro establecimiento es Punta Peuco, donde hay 44 internos por esos delitos, entre ellos oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas, Carabineros y Gendarmería (servicio penitenciario).

Según el periódico, Piñera encargó un informe sobre esta iniciativa a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y tomará una decisión cuando regrese de Nueva York, donde se encuentra para participar esta semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En noviembre de 2012, una comisión especial integrada por ocho jueces y cuatro representantes del Ministerio de Justicia propuso trasladar a Punta Peuco a los internos del penal Cordillera.

Según el dictamen de esa comisión, los presos de Punta Peuco se alojan en habitaciones individuales con baño privado y cuentan con comedores, salas de lectura, canchas de tenis, salas de ejercicio y amplios jardines.

Estas condiciones contrastan con las que soporta la mayoría de presos en las cárceles comunes del país, con malas condiciones higiénicas y alto hacinamiento, que se puso de manifiesto con el incendio en el que en 2010 murieron 81 presos.

El pasado miércoles, en una entrevista con CNN Chile, Piñera adelantó que estaba estudiando la situación de estas cárceles especiales.

“Estoy revisando, como presidente, si se justifica que exista una cárcel como Cordillera, donde entiendo que hay solamente 10 personas privadas de libertad con más de 40 gendarmes”, señaló.