Videla y Menéndez, junto a otros jefes militares que encabezaron la última dictadura, son responsables de la mayor tragedia histórica de la Argentina ya que tras ocho años de una etapa caracterizada por el terror conjugaron el saldo de la represión ilegal llevada a cabo por fuerzas estatales; miles de ciudadanos desaparecidos; un proceso económico de desindustrialización e inestabilidad financiera que terminó con una guerra irreflexiva y una derrota que le quitó contundencia a un reclamo justo como el de la soberanía de las islas Malvinas.

Por todo eso, Videla y Menéndez habían sido condenados en 1985 después del juicio a las Juntas Militares que impulsó Raúl Alfonsín. Cinco años después, Carlos Menem decretó sus indultos en una reconciliación mal concebida y mal entendida. La primera regla de un estado de derecho es que los ciudadanos cumplan con la ley y la Justicia los sancione cada vez que la Constitución sea vulnerada. El fallo del tribunal cordobés representa un avance en estos tiempos de desapego creciente por las normas. Los delitos de hoy son de mucha menor envergadura que aquellos cometidos por los dictadores. Pero aún así cuestan vidas y es necesario que los gobernantes, legisladores y jueces concentren su esfuerzo en consolidar la convivencia de un país que ha vivido demasiado tiempo al margen de la legalidad.