El intendente local fue el anfitrión de la activación de la segunda etapa del programa que alienta el canje de armas sin registrar por dinero, además de expiar penas por tenencia ilegal. Un informe señala que en el distrito, los jóvenes fueron las víctimas más frecuentes de las muertes con empleo de artefactos de fuego.
Su puesta en marcha se propone “evitar tragedias” y complementar las políticas en marcha a favor de la seguridad ciudadana. “Si se pone el hombro desde todos los rincones de la sociedad, esta segunda etapa del Plan será mucho más exitosa de lo que fue la primera”, remarcó el primer provincial. En ese sentido, en su primera fase, iniciada en octubre de 2007, se sacaron de circulación 107.761 dispositivos -que representan alrededor del 10 por ciento del total que se tiene registro a nivel nacional- y 774.679 municiones.
El ex motonauta y presunto candidato a la reelección insistió con que “no hay soluciones mágicas” para alterar positivamente los índices de inseguridad y llamó a la población a “sumarse al trabajo cotidiano, porque cuando hay menos armas, menos drogas, más policías, más patrulleros, más cámaras (de vigilancia), más educación y más trabajo, hay más inclusión social para seguir avanzando”.
Aparte, puso en valor “los resultados de una administración eficiente” en referencia a la intendencia del anfitrión, Fernando Gray, y dijo que se debe continuar la línea de colaboración de la Provincia y el Gobierno nacional “en todas las áreas que hacen a mejorar la seguridad ciudadana desde la prevención”.
El ministro Alak, por su parte, señaló que la provincia de Buenos Aires “ha contribuido en un 50 por ciento con el Plan Nacional de Desarme”, convirtiéndose en la que más armas aportó.
En el lanzamiento de la nueva etapa estuvieron también el ministro bonaerense de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y el director nacional de Armas, Andrés Meiszner. Su renovación implicó esa vez el compromiso de casi una decena de instituciones religiosas, en función de ampliar la creación de la práctica del desarme. Aparte, en términos de intervención de la sociedad civil, el CIC guillonenese (Rojas 1269) canjeará también piezas y balas por dinero.
En concreto, el incentivo asigna un monto que ronda los 200 a 600 pesos por unidad para quienes se desprendan de revólveres, pistolas, carabinas y fusiles, hasta 400 para los dueños de escopetas, y 200 en el caso de pistolones. Los cartuchos serán recompensados con 10 centavos por unidad, y en todos los ejemplos, el tenedor será amnistiado de la figura de “tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y de guerra previstos en el Código Penal”, según lo establece el convenio rubricado en la mañana de ayer.
Proliferación y fácil acceso que agravan la violencia
Un trabajo sobre la materia llevado a cabo recientemente por Diego Fleitas y María Victoria Quevedo para la Asociación para políticas Públicas (APP) arroja datos atendibles en torno a la incidencia nacional de la problemática: “De acuerdo al procesamiento realizado de la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación, entre 1997 y 2009 se produjeron 40.318 homicidios y 37.170 suicidios. (En ellos) la proporción de uso de armas de fuego fue del 68,8 por ciento en los homicidios -27.745 casos- y 30,5 en los suicidios -11.319 muertes-, los cuales sumados a los 2.500 accidentes con armas durante el período suman un total de 41.564 decesos”, marca el informe.
El trabajo continúa con la observación de que “los hechos de violencia, si bien tienen múltiples causas, la proliferación y el fácil acceso a ellas en ocasiones los hacen posible o agravan su resultado. Esa disponibilidad, en muchos casos, genera que una tentativa de suicidio impulsiva, un accidente doméstico, o una pelea familiar o en la vía pública, terminen en muertes”.
A su vez, según la misma fuente oficial, el trabajo concluye que en el plano local “el grupo de mayor riesgo de homicidios fue el constituido por los jóvenes”, en el período que comprende 1997 a 2009. En ese lapso “se produjeron 510 homicidios y 183 suicidios, y sólo en el último de esos años -cuando cerró la primera generación del plan- ocurrieron 35 del total de defunciones. El uso de armas de fuego en tales hechos estuvo presente en el 87,1 por ciento de los homicidios -444 casos-, y del 29 de los autosacrificios”.
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