El Gobierno de Daniel Scioli anunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el impulso de dos proyectos de ley para mejorar la situación de las personas privadas de su libertad en la Provincia y "potenciar el tratamiento socializador".

La presentación fue realizada en una audiencia celebrada hoy en Washington a raíz de una denuncia realizada ante ese organismo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que conduce el periodista Horacio Verbitsky, cercano a la Casa Rosada y crítico de la política de seguridad bonaerense.

El subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, destacó ante el organismo internacional "la promoción de la reforma a la Ley de Ejecución Penal", un proyecto que -aseguró- "pone en sintonía la legislación provincial con los estándares nacionales tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia pero que además incorpora otras reformas de avanzada".

Entre ellas, mencionó "la instauración de la oralidad para la decisión de las cuestiones referidas a la libertad; la imposibilidad de aplicar medidas de seguridad sin juicio previo; la caducidad de las sanciones disciplinarias por el solo transcurso del tiempo; la eliminación del traslado como sanción; el carácter no vinculante de los informes técnico-criminológicos; y la instauración de un mecanismos de compensaciones por año de trabajo o estudio efectivo en prisión".