Acorralado por las denuncias en su contra, el exgobernador Daniel Scioli busca ganar tiempo. ¿De qué forma? Presentando una serie de planteos jurídicos que, si bien tienen muchas chances de ser desestimados, persiguen el único objetivo de poner piedras en el camino y evitar que el fiscal que instruye en la causa, Alvaro Garganta, pueda avanzar en cada una de las investigaciones.

Según pudo saber Hoy, a partir de la denuncia que hizo la diputada nacional Elisa Carrió, el fiscal decidió dividir la causa en función de la repartición en la que se cometieron cada una de las irregularidades. De esta manera, se armó una instrucción penal preparatoria para cada una de las siguientes dependencias: Jefatura de Gabinete, Puerto de La Plata, Lotería y Casinos, Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y Aguas Bonaerenses (ABSA).

“Insólitamente, la defensa de Scioli plantea que esta división atenta contra el derecho de defensa. Por eso, pidieron la nulidad. La solicitud fue rechazada por la jueza (Marcela 

Garmendia), pero apelaron y ahora la Cámara de Apelaciones y Garantías tiene que expedirse. La verdad es que el planteo no resiste ningún análisis y seguramente será rechazado. Solo se hace para ganar tiempo, porque la Cámara solicitó el expediente a fiscalía y no se podrá avanzar hasta tanto se expidan sobre la nulidad”, dijeron a Hoy altas fuentes judiciales, que siguen de cerca la investigación.

Los que tendrán la última palabra son los integrantes de la Sala III del tribunal de alzada: Carlos Silva Acevedo, Alejandro Villordo y Javier Guzmán.

Tal como viene informando este medio, en las filas de Carrió saben que se van a encontrar con todo tipo de maniobras en la Justicia provincial tendientes a evitar que Scioli y sus principales funcionarios terminen siendo procesados. Sospechan del accionar de la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, y por eso están definiendo detalles para denunciar al exgobernador ante la Justicia Federal. Pedirán que se investigue la utilización de los fondos federales que, discrecionalmente, repartió el gobierno de Cristina Kirchner durante los 8 años del gobierno sciolista.

En rigor, son varios los delitos que se le imputan al exgobernador. En ese sentido, el abogado penalista Marcelo Peña impulsa la nulidad del sobreseimiento que el año pasado favoreció a Scioli, y la consecuente reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador. Al respecto sostuvo: “Hubo una muy alarmante investigación plagada de irregularidades, ausencia y omisión en los organismos de control. Es increíble cómo un sobreseimiento se puede resolver con tan escasos argumentos”, afirmó Peña. Lo dijo en relación a la decisión que el año pasado adoptó el juez Pablo Raele, cuando decidió cerrar en tiempo ´récord la causa contra Scioli. A ello se le sumó que el fiscal de Delitos Complejos, Jorge Paolini, llamativamente decidió no apelar el sobreseimiento.

Se espera que el Tribunal de Casación bonaerense se expida en las próximas semanas. El fiscal del máximo Tribunal Penal de la Provincia, Carlos Altuve, ya firmó un dictamen que, si bien no es vinculante, constituye un importante antecedente: reseñó las irregularidades que se habrían cometido y recomendó la reapertura de la causa.