A un año y medio de la denuncia que realizó una detenida sobre una fiesta de alcohol y drogas en el interior de la Alcaidía departamental, y que provocó un cimbronazo en la fuerza de seguridad, el gobernador Juan Schiaretti inauguró ayer las remodelaciones del edificio que, aseguró, darán a la Policía la posibilidad de realizar un mejor trabajo y a los internos, condiciones de alojamiento dignas.

Al poco tiempo de que Nancy Carena radicara su presentación judicial y comenzara la investigación, dos reclusos escaparon de esa dependencia, lo que terminó de generar un malestar entre las autoridades, que avanzaron en medidas puertas adentro de la fuerza y luego comenzó a proyectarse la remodelación que finalmente se conoció ayer.

“Esta era una necesidad que tenía bastante tiempo. Teníamos la alcaidía en malas condiciones y eso implicaba que la Policía no pudiera cumplir bien su rol de custodiar a las personas privadas de libertad mientras estuvieran bajo esta órbita. Por otro lado, significaba también que estaban mal los detenidos que permanecían en la Alcaidía, hacinados”, relató el gobernador en el acto realizado en la Departamental, donde funcionará también, en la parte trasera, la nueva estructura para la detención de personas.

“La lucha contra la inseguridad siempre tiene que respetar los derechos de todos los ciudadanos, por más que hayan cometido una infracción o una ilegalidad. Por eso fue importante esta inversión de $1 millón que permitió mejorar la alcaidía”, continuó Schiaretti.

El sector cuenta con un ingreso para vehículos que evitará que los detenidos sean descendidos en la vereda, como ocurre ahora en la calle Belgrano entre Sobremonte y General Paz, donde funciona la Departamental. De allí se los dirigirá a una sala para requisarlos y luego a un consultorio médico para su control, antes de ser alojados en las celdas.

“Es clave que destinemos esfuerzos e inversiones para mejorar la seguridad, lo que impica incorporar personal, móviles y vehículos, tecnología como las cámaras, y la infraestructura. En el interior provincial tenemos casi 100 edificios policiales en reparación, en conjunto con los intendentes. Acá en Río Cuarto son tres los edificios que estamos reparando junto al intendente Jure y eso forma parte del plan integral de seguridad de la Provincia y también de brindar un mejor servicio a la comunidad cuando requiere del auxilio de la fuerza policial”, explicó el gobernador mientras lo escuchaban desde el palco el intendente Juan Jure; el ministro Carlos Gutiérrez; el jefe de la Policía de la Provincia, Alejo Paredes; el jefe de la Departamental Río Cuarto, Carlos Galbucera; y la delegada regional, Marisa Arias, entre otros funcionarios.

“Siempre digo que no hay recetas mágicas para el combate a la inseguridad ni golpe de efecto que la resuelva. Hay que tener un programa y aplicarlo todos los días. Esto es lo que hacemos en Córdoba, respetando los derechos humanos de las personas que son detenidas”, destacó el gobernador, aunque advirtio que “el combate definitivo a la delincuencia y la seguridad lo vamos a ganar cuando disminuya la marginalidad, el desempleo, que son los padres de la inseguridad. Mientras tanto, con un programa claro, sin buscar golpes de efecto y sin improvisar, vamos a poner todos los días un granito de arena”.

Con respecto a la posibilidad de reformar el Código de Faltas que reclaman sectores de derechos humanos, el gobernador destacó que eso “requiere un análisis exhaustivo que debe ser tratado por el Poder Legislativo que representa a todas las fuerzas políticas de la provincia y debe ser quien permanentemente debe revisar la legislación para garantizar la seguridad al tiempo que se garantizan los derechos humanos”, dijo.

Y reiteró: “La defensa de la seguridad no está reñida con la garantía de los derechos humanos. A la delincuencia hay que combatirla con la ley y la constitución en la mano, respetando los derechos humanos”, concluyó el gobernador en su discurso.

Cómo cambiará el movimiento de las personas detenidas

A partir de la inauguración realizada ayer a la tarde en la sede de la Departamental, donde comenzará a funcionar la remodelada Alcaidía, los reclusos ya no serán descendidos en la calle, como hasta ahora, sino que se dispuso un ingreso lateral para los vehículos de la Policía o el Servicio Penitenciario, según corresponda.

Al bajar al detenido, los agentes lo trasladarán a una sala donde será requisado, en el acceso del nuevo edificio. A un costado, pasará al consultorio donde personal médico le realizará un chequeo para constatar las condiciones de ingreso. Cerca de allí se montó un locutorio para que los detenidos puedan comunicarse con sus abogados o familiares de visita. El lugar tiene pequeños boxes con asientos de un lado y otro de un vidrio que separará a las personas. Podrán escucharse, pero no habrá posibilidad de contacto físico entre ambas.

Finalmente, en el sector trasero se remodelaron las nuevas celdas que están distribuidas en cuatro sectores para mujeres, hombres y juveniles. Todo el edificio, además, cuenta con calefacción y agua caliente.