En una presentación dirigida a la jueza federal, Claudia Fernández, Pedro Velázquez Ibarra, Dardo Williams Caraballo y Juan Eduardo Davis iniciaron formal acción de amparo contra Alejandra Gils Carbo, procuradora general de la Nación. Le piden que adopte con urgencia medidas para acelerar presentaciones en trámite, en especial las que están pendientes de investigaciones y que debieron realizar los fiscales Jorge Auat, Luis Roberto Benítez, Francisco Horacio Rodríguez y Eladio Mauricio Romero.

Lo hicieron en calidad de parte querellante acreditada en todos los juicios por delitos de lesa humanidad tramitados en Formosa ante la magistrada subrogante, y puntualizan que los nombrados representantes del Ministerio Público han creado "por acción u omisión- "un verdadero santuario de impunidad favoreciendo a conspicuos represores y cómplices civiles, ejerciendo sus funciones con arbitrariedad manifiesta, al margen de la ley y de la integridad moral que exige la búsqueda de la verdad y la justicia".

En todos los casos abogados del foro local consideran que los fiscales citados se hallan involucrados, afirmándose que en reiteradas oportunidades cuestionaron sus actuaciones en las causas, incluyéndose numerosas denuncias penales que "ni siquiera son tramitadas porque inexorablemente caen en manos de los mismos fiscales y/o de sus acólitos, causándose daños irreparables a la reconstrucción histórica de la tragedia provocada a los formoseños por el terrorismo de Estado".

Según lo explican, la premura del pedido se basa en que la situación se agrava por los tiempos biológicos que afectan tanto a víctimas como a victimarios, permitiendo que estos últimos mueran en estado de inocencia "en violación de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la misma", y que las víctimas mueran "clamando Verdad y Justicia". 

También se aclara que el objetivo principal de lo solicitado es lograr que la Procuración General de la Nación (a cargo de la doctora Gils Carbo) se ocupe con urgencia de que los fiscales que actúan en Formosa "cumplan con la irrenunciable obligación del Estado argentino de investigar la comisión de delitos de lesa humanidad según lo ordena la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella por la reforma de 1994 y los suscriptos con la aprobación del Congreso".

Lo extenso del documento impide analizarlo en su dimensión total, pero cabe mencionar que se abunda en ejemplos concretos y contundentes de los actos y omisiones que los presentantes consideran cometidos por los fiscales denunciados, y que son tipificados por ellos como "lesiones, restricciones, alteraciones, arbitrariedades o ilegalidades manifiestas, de derechos y garantías reconocidas por la Constitución". 

Y en cuanto al reclamo planteado consideran que el amparo es admisible, toda vez que "según se ha dicho- "el amparo presupone el desamparo", "lo que precisamente ocurre por acción u omisión de los representantes del Ministerio Público Fiscal en las actuaciones por delitos de lesa humanidad perpetrados en Formosa durante la época del Estado terrorista"", y se hace expresa reserva del caso federal y a la interposición del amparo internacional "previsto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos"".