Pasado la mitad del plazo para apelar la sentencia que avaló su destitución, Ana María Escalante, Intendente de Santa Ana, aún no concretó la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). A la espera de los plazos judiciales, los vecinos del poblado ubicado a una veintena de kilómetros de Capital aguardan para saber si deberán ir a las urnas para ratificar, o no, la confianza depositada hace dos años en la jefa comunal.

El 10 de enero pasado, el Concejo Municipal de Santa Ana resolvió, tras juicio político, destituir a la Intendente por supuesta malversación de dinero del Fondo Federal Solidario, conocido vulgarmente como Fondo Sojero.

Sin embargo, Escalante apeló (amparo incluido) ante el STJ lo resuelto por el legislativo municipal. El máximo órgano judicial por entonces estaba de feria (vacaciones). Por ello, el referente de turno, el ministro Guillermo Horacio Semhan dispuso la continuidad de la Intendente en sus funciones ejecutivas a la espera del dictamen definitivo sobre la cuestión de fondo; es decir, si la destitución se ajustó a derecho.

El pasado jueves 8 de junio, el STJ avaló por unanimidad la actuación del Concejo. Sin embargo, la destitución aún no está firme. Es que Escalante tiene, desde el fallo, 10 días hábiles para presentar una apelación en la que debe solicitar la concesión de un recurso extraordinario para que el expediente sea remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Si el STJ no admite la apelación de Escalante, inmediatamente el fallo queda firme. De acuerdo a la Constitución provincial (reformada en 2007), el artículo 224 establece: “La sentencia de destitución, para ser efectiva, debe ser aprobada por el cuerpo electoral del municipio en consulta popular vinculante y obligatoria, convocada al efecto por el Concejo Deliberante y realizada en un plazo no mayor a los treinta días”.

Se tratará, si ello ocurriera, del primer procedimiento de destitución de un intendente que culmina en una consulta popular. Es que dicha forma de remoción fue incluida en la reforma de 2007.

Pero, si el STJ admite la apelación de Escalante, el expediente judicial será enviado al máximo órgano de la Justicia nacional, por lo que se dilatará la resolución del conflicto de poderes en Santa Ana.