Para esta tarde está prevista la sesión especial del Concejo Municipal de Santa Ana, en el que concretará un nuevo paso en el juicio político iniciado por el legislativo de esa comuna contra la intendente Ana María Escalante.
De todas maneras, el Concejo municipal, dominado por la oposición, avanzará en el proceso contra la Intendente.
El 2010 fue un año complicado para el pequeño y tradicional poblado ubicado a una veintena de kilómetros de la capital provincial. Es que el Concejo suspendió en tres oportunidades a la Intendente. Sólo en la primera ocasión, que fue por 48 horas, la jefa comunal cumplió con la sanción. Es que en las dos posteriores fue repuesta a su cargo por decisión de la Justicia, que dio lugar a recursos interpuestos por Escalante “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, es decir, los motivos que originaron las sanciones (todos ellos por supuestas irregularidades administrativas y financieras).
La última de las suspensiones se dio en diciembre, lo que motivó un conflicto institucional que culminó con la intendente atrincherada en el edificio municipal y las cuentas bancarias de la Comuna congeladas hasta que la Justicia dictaminase quien ejercía el control de la intendencia. Así, los trabajadores llegaron al 24 de diciembre sin poder percibir sus haberes de ese mes y el segundo salario anual complementario (aguinaldo). La viceintendente María Mercedes Medina ordenó el pago de un plus de 300 pesos para los empleados municipales, dinero recaudado de la caja chica.
Una vez repuesta en su cargo, Escalante abonó los salarios atrasados gracias a la habilitación de la cuenta bancaria. Sin embargo, los inconvenientes continuaron cuando desconocidos atacaron el automóvil de Medina y le dejaron una amenaza por escrito.
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