Si bien la jefa comunal, suspendida en su cargo a mediados del mes pasado y luego de dos semanas restituida vía judicial, ya adelantó que no concurrirá a la sesión, los ediles de igual manera avanzarán con los cargos contra Escalante.

Mañana debería presentar su defensa ante las imputaciones pero la intendente se amparó en vericuetos jurídicos para evitar la cita vespertina; dijo que mientras no se resuelva la cuestión de fondo, los concejales no deberían avanzar con el juicio político.

Sin embargo, Laura Cabrera (PL) y Fernando Gómez (PJ), más la viceintendente María Medina (UCR), reiteraron la continuidad del proceso iniciado en diciembre del año pasado.

La llamada cuestión de fondo es si el proceso iniciado a Escalante es viable o no, algo que deberá decidirlo el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

A lo largo de 2010 Santa Ana soportó tres cimbronazos políticos, en cada uno de ellos la jefa comunal fue suspendida y luego restituida por la Justicia. Todas las veces los concejales habían pedido información sobre los gastos, algo que Escalante dijo que presentó ante el Tribunal de Cuentas de la provincia alrededor de 104 mil pesos ocupados en la construcción de casillas -de cemento-para familias humildes de la pequeña comuna, supuestamente no realizados como lo objetan los ediles.

En cada uno de los casos los más perjudicados fueron los trabajadores; en diciembre, hasta el 24, no sabían si percibirían sus haberes hasta que les dieron un bono de 300 pesos. Mientras que dos días antes, con Escalante repuesta en funciones, se pagó el sueldo completo de diciembre.