La justicia de Santa Cruz cerró por “nulidad” y en total silencio, la denuncia penal que hizo la Corte Suprema contra el gobernador Daniel Peralta por el caso del ex procurador Eduardo Sosa. La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Ana Cecilia Álvarez, cerró dos veces y en tiempo récord las causas abiertas contra Peralta por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema en el caso del ex procurador Eduardo Sosa.

Sin embargo, sus decisiones no serán definitivas: la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia acaba de ordenarle que reabra un expediente que comenzó en abril pasado luego de la denuncia de un particular, y el mismo Tribunal debe resolver una apelación recibida ayer porque la semana pasada Álvarez declaró repentinamente la “nulidad” en la presentación que hizo el Máximo Tribunal en septiembre pasado.

Álvarez es la secretaria del juzgado que está en manos de Eduardo Camaño, un juez que lleva mucho tiempo de licencia. Su puesto difícilmente sea de mayor debilidad: el Consejo de la Magistratura puede removerla de su cargo a sola firma sin juicio político.

El fallo de la Cámara se firmó el 29 de septiembre pasado pero recién se conoció ayer tras la publicación en el Centro de Información Judicial. El lento camino que recorrió hasta su publicidad se debe a la sensibilidad extrema que provoca esta información en el núcleo de poder kirchnerista. Los antecedentes de la respuesta oficial a la denuncia de la Corte todavía están frescas para los camaristas de Chubut que no dudaron en reabrir la investigación pero prefirieron dejar en manos de la Corte la elección del momento correcto para la difusión del fallo, revelaron ayer a Clarín fuentes del Máximo Tribunal.

Lo que nadie sabía todavía era que Álvarez también había decidido frenar la investigación iniciada nada menos que por el Alto Tribunal. Para hacerlo, utilizó un argumento difícil de explicar. Cuando la denuncia llegó a Río Gallegos, la jueza la envió al fiscal Miguel Angel Segovia -tal como corresponde- para que impulse o no la apertura de un expediente. El fiscal opinó una obviedad: que ya estaba abierta otra causa exactamente igual (que había sido cerrada por la jueza), que la Cámara estaba resolviendo la apelación por el archivo de ese expediente, y que era conveniente esperar la respuesta del órgano superior para proceder.

De manera insólita, Álvarez entendió que Segovia se equivocaba, que la similitud de las dos denuncias era “una hipótesis” y acto seguido firmó “la nulidad”. Naturalmente, el fiscal apeló y la Cámara ahora deberá resolver sobre este punto.

Si se sigue el fallo publicado ayer, los jueces de segunda instancia revocarán esa nulidad y devolverán el expediente a Río Gallegos donde ya llegó el anterior con la orden de que sea reabierto. En el escrito dice que deben unificarse las dos denuncias por “revestir el mismo objeto procesal”.

En la apelación, la fiscalía dijo que Álvarez hizo un análisis del caso que “ implica avalar excusas inaceptables para incumplir sentencias judiciales lo cual transgrede el sistema de Gobierno Federal y Republicano de división de poderes establecido por la Constitución”.

Se refería a los argumentos que utilizó la magistrada para archivar la primera denuncia argumentando “inexistencia de delito”. En su justificación consideró que la mera presentación de Peralta de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados provincial para dividir en dos las tareas del fiscal general y adjudicarle una parte al actual ocupante de ese puesto, Claudio Espinosa, y la otra al ex procurador Sosa, dejaban resuelto un conflicto que comenzó hace quince años y media docena de fallos de la Corte Suprema.

La trama jurídica y política de un conflicto de poderes

1. La Corte Suprema falló seis veces en favor de Eduardo Sosa, un ex procurador separado de su cargo de manera irregular. La última sentencia obligó al gobernador santacruceño a reponer a Sosa en su puesto bajo amenaza de denunciarlo.

2. El gobernador Daniel Peralta no obedeció la orden del Máximo Tribunal y un año después del límite temporal que le había impuesto para resolver la situación, la Corte cumplió su falló y lo denunció penalmente. El caso cayó en la justicia federal de Río Gallegos.

3. La jueza subrogante Ana Álvarez cerró “por nulidad” y en total silencio la denuncia de la Corte. Es la segunda causa que cierra por este mismo tema.

Desobediencia

Al igual que la Corte Suprema, los camaristas de Comodoro Rivadavia consideran que en la causa hay “sobrados elementos para que se prosiga la tramitación porque el Sr. Gobernador ha desobedecido manifiestamente una orden judicial”.