CTA Santa Cruz define Consulta Popular por el “No a la reforma previsional”

La reunión de la renovada conducción de la CTA Santa Cruz, que definió los ejes de trabajo para los próximos tiempos.
La Comisión Ejecutiva Provincial de la Central de los Trabajadores Argentinos, electa el 23 de septiembre último, al tomar posesión de sus funciones presidió la primera reunión en Río Gallegos, para definir los ejes de actuación para lo que resta de este año y el próximo, marcándose los ejes de actuación para éste y el año que viene.

Como parte de esos ejes de acción, reclaman, mediante un escrito dirigido al gobernador Daniel Peralta, el reconocimiento de la central por parte de los gobiernos municipales y provincial, “emitiendo resoluciones o decretos que así lo dispongan”.

En la línea de la defensa de los recursos naturales y medio ambiente, la CTA Santa Cruz delineó los ejes para trabajar sobre la demanda social y ecológica, considerando que, “la pesca, minería y la extracción de petróleo nunca se practicaron como actividad sustentable sino depredatoria del recurso, destruyendo ecosistemas y agotando las fuentes de trabajo al no ser convenientemente reglamentadas las leyes que prohíben la sobreexplotación del ambiente”.

Evaluó “la necesidad de implementar una política de ocupación sustentable para los trabajadores desocupados y/o precarizados que quedaron excluidos del sistema cuando la falta de inversión, que el estado nunca exigió de las corporaciones, se tradujo en el cierre de empresas”.

Especial hincapié se estableció sobre “la obligación, como organización, de defender y hacer respetar el mecanismo de negociación colectiva (paritarias), reconociendo en ella la única herramienta valida para que los trabajadores resuelvan a través del consenso con los patrones, la totalidad de sus condiciones laborales”.

En la carta al gobernador, también se sentó postura sobre la situación del procurador Eduardo Sosa destituido durante el gobierno de Néstor Kirchner, “pedimos la restitución del Dr. Sosa, como muestra del respeto de la institucionalidad en la provincia, dejando en claro que desde esta central de trabajadores defendemos la autonomía de los estados provinciales y rechazamos cualquier posibilidad de intervención de la provincia o de alguno de su poderes”

Igualmente se recordó “la necesidad de democratizar la caja de servicios sociales, terminando con la eterna intervención para ponerla en manos de los trabajadores, y que aún se resisten a cumplir con el temor de perder una fuente de dinero utilizada por el poder político para intereses de campaña”.

Sobre el regimen previsional, la dirigencia provincial de la CTA resolvió “la convocatoria una Consulta Popular, omitida por el Gobierno y establecida en el Artículo 80 de la Constitución Provincial donde se deja expresa constancia de la necesidad de ‘someter a voto popular directo, obligatorio y vinculante, en calidad de Consulta Popular, proyectos de ley que afecten directa o indirectamente las instituciones, derechos y garantías de raigambre constitucional nacional o provincial, para su ratificación o rechazo. La ley de convocatoria no podrá ser vetada y regirá automáticamente a partir de su ratificación’”.

“Esta iniciativa busca que los trabajadores en su conjunto se expresen a través del voto, directo y secreto, si están de acuerdo o no con la reforma que intenta imponer el kirchnerismo”, destaca el informe de prensa de la primera reunión de la renovada conducción de la CTA, que además,”ratifica la importancia de la participación popular para definir cuál es el rumbo que el Gobierno debe seguir en materia de previsión social, teniendo en cuenta el desfinanciamiento al que sometieron la CPS, con alarmantes denuncias públicas de los contadores que renunciaron al negarse a dibujar los balances anuales”.

Para la CTA Santa Cruz, “el paro convocado el 26 de agosto marcó un antes y un después. Este precedente, que obligó al poder a revisar su postura constantemente intransigente, tuvo un contundente respaldo de los compañeros de cada rincón de la provincia uniéndose al ‘No a la reforma previsional’, con la firme convicción que no deben ser los trabajadores los que paguen el desfalco administrativo de los últimos quince años”.

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