San Juan.- Hay profesionales que no firman ni sellan certificados ni recetas médicas como medida de fuerza. “Es como si no atendieran”, dijo Roberto Correa Esbry.
La Asociación Sindical Médica rechazó el aumento del 24,5% otorgado por el Gobierno a sus afiliados, de la misma manera que a todos los empleados públicos y docentes de la provincia en una sola vez. Por dicha razón viene llevando a cabo la aplicación de la inusual medida, como protesta porque el incremento salarial no colmó sus expectativas.
Por eso, Correa Esbry que reconoció que “recibimos la comunicación formal de la realización de medidas de fuerza hace 10 días, donde comunicaron que iban a realizar la medida que están llevando a cabo, que es el trabajo bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud, con la atención restringida de pacientes a razón de tres pacientes por hora y la restricción a la firma de certificados médicos y recetas a los pacientes”.
El funcionario dijo: “Les recordamos que están bajo el amparo del dictamen de la Comisión de Garantías (del Ministerio de Trabajo de la Nación), donde queda claro que deben cumplir con los servicios mínimos esenciales respecto de la niñez, los ancianos, la mujer embarazada y de personas con riesgo de vida”.
Además, Correa indicó que “con esta medida, los médicos que la están llevando a cabo, están totalmente al margen del ejercicio del derecho de huelga, porque atender a un paciente y no extenderle la receta con los medicamentos que necesita, es como si no lo atendieran” y que “no se puede afectar al colectivo de estas personas vulnerables en el ejercicio del derecho de huelga”.
Por eso, sostuvo: “Vamos a controlar y sancionar en la medida en que se vulneren los derechos a la salud que tienen las personas en situación de riesgo”, aunque apuntó que no ha tenido “hasta ahora ninguna denuncia concreta de que se haya afectado esta situación, incluso de parte de las autoridades de Salud Pública”, pero entendió que “eso es algo que en estas circunstancias puede pasar”.
En ese caso, Correa Esbry manifestó que “del momento en que se afecte el derecho de alguna persona, la Subsecretaría de Trabajo va a intimar al cese de la medida y sancionará el incumplimiento al dictamen de la Comisión de Garantías como ya lo hemos hecho en otra oportunidad”.

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