El ministro de Salud, Pablo Yedlin, el subsecretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Alberto Sabaj y el director general de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia, fueron sancionados por el Tribunal de Cuentas (TC), con una multa equivalente a cinco sueldos.

Mediante la acordada 990, el organismo de control imputó a los funcionarios haber incurrido en graves "irregularidades administrativas" y "transgresiones legales" en la contratación de la Fundación Salud (Funsal) para el dictado de cursos de odontología, destinados a personal del SIPROSA, por un monto de 800.000 pesos.

Entre otras anomalías reflejadas en el expediente, que lleva la firma de los tres miembros del TC: Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, se resaltó el hecho de que la fundación fue inscripta, para funcionar como tal y poder cobrar por sus servicios, tres meses después del inicio de los cursos (la capacitación se comenzó a dictar en mayo de 2009 y Funsal se creo en agosto de ese mismo año).

Además, se informó que, conforme a los listados remitidos por las autoridades, de los 168 asistentes a los cursos, 78 (casi la mitad), no prestan funciones en el Siprosa.

El TC también advirtió que la contratación directa de Funsal, cuyo titular es el profesional chileno Héctor Silva Olivares, no fue sometida al control preventivo del organismo, según lo establece la Ley de Administración Financiera (las anomalías se detectaron cuando el Ministerio ordenó el pago de los 800 mil pesos).

Sobre este punto, el organismo aclaró que "si bien corresponde al Siprosa - y dentro de su estructura al área de Recursos Humanos en Salud (a cargo de Alvarez Garmendia) - brindar una adecuada capacitación tanto a sus dependientes como al eventual personal sanitario que conforme sus necesidades pueda en el futuro tomarse; el uso o ejercicio de tal potestad no implica soslayar u omitir los procedimientos administrativos o figuras jurídicas de contratación". Frente a ello, el TC llegó a la conclusión de que "la conducta administrativa seguida por los funcionarios de las áreas intervinientes en las actuaciones resulta jurídicamente reprochable".

Responsabilidades

Por otro lado, el organismo de control provincial advirtió que, si bien -conforme a su declaración durante la investigación-, Yedlin no autorizó los cursos ni tomó conocimiento directo sobre el desarrollo de los mismos, "convalidó el pago a un acreedor no legitimado". Esto en razón de que Funsal no existía en el momento del inicio ni en el desarrollo de la capacitación.

El TC agregó que al Ministro "le cabe responsabilidad in vigilando, toda vez que, como Presidente del Siprosa, no pudo ignorar ni desconocer el dictado de estos cursos, que se enmarcan en las propias políticas de salud del Sistema".

Respecto a Sabaj, quien entonces se desempeñaba como secretario Ejecutivo Médico del Siprosa (cargo que hoy ocupa Fernando Avellaneda) el organismo recordó que fue él "quien firmó el Convenio Específico con la Fundación Salud, la cual no tenía aún existencia legal. Además este Convenio Específico no sólo se suscribe (mayo de 2009) con fecha anterior al Convenio Marco (agosto 2009) sino que alude a un Convenio marco que recién se suscribió casi cuatro meses después", acotó.

Los cursos

En cuanto a los cursos, que en total fueron dos: uno de endodoncia, efectuado en los hospitales de Niños y Centro de Salud, y otro de asistentes dentales, realizado en la sede de ATSA, el organismo de control señaló que, en el primer caso, su dictado no pudo completarse, debido a la epidemia de Gripe A y a las protestas de los autoconvocados de la salud. Y se añadió que la capacitación se realizó "bajo el concepto de 'Constructivismo Social', modalidad de autoaprendizaje, sin disertantes y con tutores a cargo de grupos de alumnos...".

Sobre el mismo curso, el organismo aclaró que los asistentes, que fueron indagados durante la sustanciación del sumario, "disienten respecto de quién tuvo a su cargo la organización. Así, algunos entienden que estuvo a cargo del Siprosa, otros consideran que fue el Dr. Silva Olivares, algunos que fueron ambos y un amplio número directamente manifiesta que desconoce a cargo de quien estuvo".

Respecto a la capacitación para "asistentes dentales", el TC resaltó que tomaron parte de la misma, "en su mayoría, alumnos de la carrera de Asistente Dental que no pertenecen a la planta de personal del Siprosa".

Además de las multas mencionadas, los miembros del organismo de control pusieron en conocimiento de la Justicia las actuaciones realizadas y advirtieron al Gobierno que evalúe "la responsabilidad administrativa disciplinaria de los miembros de Funsal: Luis Chincarini, Christian Cuneo, Pedro Sisali y Julio Paz", quienes paralelamente prestan funciones en el Siprosa.

Reclaman que la Justicia acelere una investigación penal

Paralelamente a las actuaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas (TC), desde hace casi tres meses, da vueltas por Tribunales una denuncia penal, promovida por los abogados Raúl Moreno y Oscar López contra los funcionarios involucrados. Moreno, quien es vicepresidente de la UCR en Tucumán, dijo a EL SIGLO que "con esta acordada, el TC demostró que se configuraron los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude a la administración pública, a pesar de que desde el Gobierno dicen que no se llegó a pagar por los cursos y que los delitos en grado de tentativa no existen".

El letrado lamentó "que la causa lleve más de 100 días sin avances sustanciales, con un trámite que comenzó en la Fiscalía a cargo de la doctora (María de las Mercedes) Carrizo y, tras pasear por distintos despachos, volvió otra vez a sus manos". Moreno advirtió que "estamos frente a una alarmante falta de división de poderes, donde la justicia es complaciente con el Gobierno de turno", alertó. Según el dirigente radical, "con esto se busca enfriar el tema, que la gente se olvide de quienes tuvieron malos comportamientos en la función pública". El letrado dijo que "hay funcionarios que no se pueden deslindar de la responsabilidad de intentar sacarle a la administración pública 800 mil pesos para pagarle a una fundación que no existe". Y opinó que "es alarmante que no haya castigo para los culpables, debido a que en nuestro país, desde que volvió la democracia, sigue estando como gran ausente la Justicia, que parece desconocer la existencia de los delitos contra la administración pública", sentenció. Finalmente, consideró que "debe haber responsables por este grave hecho, independientemente de la multa impuesta contra el Ministro y sus colaboradores, que es desproporcionada ante la gravedad de la falta cometida. El propio TC debería iniciar una causa penal ante una tentativa de fraude agravado contra el Estado", concluyó.